Constitución de la Provincia de Buenos Aires.

La Constitución de la Provincia de Buenos Aires fue adoptada en 1994, en el marco de lo establecido por la Constitución nacional. El texto introduce los principios que rigen la forma de gobierno a nivel provincial y además reconoce y garantiza los derechos y libertades individuales. La provincia de Buenos Aires, como parte integrante de la República Argentina, constituida bajo la forma representativa republicana federal, tiene el libre ejercicio de todos los poderes y derechos que por la Constitución Nacional no hayan sido delegados al Gobierno de la Nación. El texto consta de un Preámbulo y las siguientes Secciones: Declaraciones, derechos y garantías; Régimen electoral; Poder Legislativo; Poder Ejecutivo; Poder Judicial; Régimen municipal; Reforma de la Constitución.
En lo que refiere a los derechos sociales, la Provincia garantiza a todos sus habitantes el acceso a la salud en los aspectos preventivos, asistenciales y terapéuticos (art. 36). Se contemplan también los derechos de los consumidores y usuarios (art. 38).
En materia ambiental, cabe destacar el artículo 28, que reconoce el derecho de todos los habitantes de la Provincia a gozar de un ambiente sano, y el deber de conservarlo y protegerlo en su provecho y en el de las generaciones futuras. En este mismo sentido, se establece que toda persona física o jurídica cuya acción u omisión pueda degradar el ambiente está obligada a tomar todas las precauciones para evitarlo. La Provincia ejerce el dominio eminente sobre el ambiente y los recursos naturales de su territorio incluyendo el subsuelo y el espacio aéreo correspondiente, el mar territorial y su lecho, la plataforma continental y los recursos naturales de la zona económica exclusiva, con el fin de asegurar una gestión ambientalmente adecuada. En materia ecológica deberá preservar, recuperar y conservar los recursos naturales, renovables y no renovables del territorio de la provincia; planificar el aprovechamiento racional de los mismos; controlar el impacto ambiental de todas las actividades que perjudiquen al ecosistema; promover acciones que eviten la contaminación del aire, agua y suelo; prohibir el ingreso en el territorio de residuos tóxicos o radiactivos; y garantizar el derecho a solicitar y recibir la adecuada información y a participar en la defensa del ambiente, de los recursos naturales y culturales.
Por otro lado, se prevé la adopción de políticas de conservación y recuperación de la calidad del agua, aire y suelo compatible con la exigencia de mantener su integridad física y su capacidad productiva, y el resguardo de áreas de importancia ecológica, de la flora y la fauna.
Se contemplan disposiciones específicas para garantizar los derechos de las comunidades indígenas. La Provincia reivindica la existencia de los pueblos indígenas en su territorio, garantizando el respeto a sus identidades étnicas, el desarrollo de sus culturas y la posesión familiar y comunitaria de las tierras que legítimamente ocupan.