Ley Nº 19.496 - Establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores.

La presente Ley establece el marco jurídico básico de protección de los derechos de los consumidores. Regula las relaciones entre proveedores y consumidores, establece las infracciones en perjuicio del consumidor y señala el procedimiento aplicable en estas materias. Se establece el principio pro consumidor, según el cual las normas de la presente Ley se interpretarán siempre en favor de los consumidores. Entre los derechos de los consumidores se encuentra el derecho a una información veraz y oportuna sobre los bienes y servicios ofrecidos; a la seguridad en el consumo de bienes o servicios, y a la protección de la salud y el medio ambiente; y el derecho a la reparación e indemnización adecuada y oportuna, entre otros. Se consagra el derecho a retracto del consumidor para ciertos casos, mediante el cual podrá poner término unilateralmente a un contrato en el plazo de 10 días contados desde la recepción del bien comprado. Asimismo, se establece el derecho a la reposición del producto o la devolución del dinero en casos de incumplimiento por parte del proveedor señalados en el artículo 20. Los derechos establecidos por la presente ley son irrenunciables anticipadamente por los consumidores.
La Ley regula también las organizaciones para la defensa de los derechos de los consumidores, estableciendo las actividades que podrán desarrollar, y establece normas sobre su funcionamiento y composición. Se crea un fondo concursante para financiar las actividades de dichas organizaciones. Se contemplan normas especiales para los contratos de adhesión, entendiendo por tales aquellos cuyas cláusulas han sido propuestas unilateralmente por el proveedor sin que el consumidor, para celebrarlo, pueda alterar su contenido. Otras materias reguladas por la presente Ley incluyen la publicidad engañosa, el uso de promociones y ofertas, la seguridad de los productos y servicios, etc.
La Ley consagra tres tipos de juicios según el derecho que se pretende amparar: juicios que protegen derechos individuales; juicios colectivos que protegen los intereses de un conjunto de consumidores determinados y aquellos en donde se protegen intereses difusos, esto es, de un conjunto indeterminado de consumidores. En materia institucional, se crea el Servicio Nacional del Consumidor, el que actuará como entidad fiscalizadora. Este Servicio deberá velar por el cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley y demás normas que digan relación con el consumidor, difundir los derechos y deberes del consumidor y realizar acciones de información y educación del consumidor, entre otras funciones especiales.