Decreto Ley 413 de 2018 - Por el cual se definen las reglas de priorización de las entidades territoriales beneficiarias de la Asignación para la Paz del Sistema General de Regalías (SGR) y se dictan disposiciones relacionadas con la aprobación de proyectos de inversión en el OCAD Paz.

El presente Decreto establece las reglas para priorizar a las entidades territoriales beneficiarias de la Asignación para la Paz del Sistema General de Regalías (SGR), recurso creado para financiar proyectos de inversión destinados a implementar el Acuerdo Final de Paz, incluyendo la reparación de víctimas. Durante 20 años, el 7% de los ingresos del SGR y el 70% de los rendimientos financieros (exceptuando asignaciones directas) se destinarán a este fin. La distribución prioriza territorios más afectados por pobreza rural, economías ilegales, debilidad institucional, conflicto armado y presencia de explotación de recursos naturales no renovables, buscando cerrar brechas sociales, económicas e institucionales. El decreto define un sistema de convocatorias públicas organizado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y la Agencia de Renovación del Territorio (ART), basadas en los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR) de las 16 subregiones PDET, con términos de referencia que especifican beneficiarios, características de proyectos, montos, criterios de evaluación, cronogramas y puntajes mínimos, cuya aprobación compete al OCAD Paz.
Para determinar la priorización territorial, el Ministerio de Hacienda, como Secretaría Técnica del OCAD Paz, asigna puntajes a cada municipio según cinco criterios ponderados: pobreza rural (20%, medida por el NBI del DANE), economías ilegales (10%, considerando cultivos de coca y explotación de oro de aluvión), debilidad institucional (5%, con base en el desempeño municipal del DNP), grado de afectación del conflicto (50%, según índices de incidencia y concentración de víctimas del DNP) y explotación de recursos naturales no renovables (15%, calculada por el Ministerio de Minas). Los proyectos que cumplan los requisitos pasan a evaluación técnica del DNP y la ART; si alcanzan el puntaje mínimo, se incluyen en un listado de elegibles, aunque esto no garantiza su financiación. El decreto también faculta al Gobierno nacional para presentar proyectos alineados con planes PDET, establecer lineamientos para evitar dispersión o concentración de recursos y exige que la ART certifique la concordancia de los proyectos con las iniciativas PATR o PDET como condición de viabilización.