Misión para la Transformación del Campo Colombiano.

La Misión para la Transformación del Campo Colombiano es un instrumento fruto de la iniciativa del Gobierno Nacional en cabeza del Departamento Nacional de Planeación, de carácter multisectorial y alcance nacional, en el cual se definen los lineamientos de política pública relativos a la inversión pública para el desarrollo rural y agropecuario en los próximos 20 años, con el fin de transformar el campo colombiano. El documento está estructurado en seis estrategias para superar las limitaciones en el campo colombiano: 1) Ordenamiento y desarrollo territorial; 2) Cierre de brechas sociales con enfoque de derechos; 3) Inclusión productiva; 4) Desarrollo de una ruralidad competitiva con énfasis en el sector agropecuario; 5) Elementos de sostenibilidad ambiental para el desarrollo rural; 6) Reforma institucional profunda.
La seguridad alimentaria y la mejor nutrición de la población son uno de los objetivos principales del instrumento, esencialmente en el eje relacionado con los derechos sociales. Las dimensiones de género son objeto de atención especial, incluyendo las modalidades de economía del cuidado apropiadas para las zonas rurales. Asimismo se hace hincapié en las necesidades específicas de las minorías étnicas (indígenas, afrodescendientes y raizales), al grado de ruralidad y a las nuevas realidades demográficas del campo (envejecimiento de la población, éxodo de las personas en edades más productivas dejando sus hijos al cuidado de los abuelos).
Entre las líneas estratégicas diseñadas por el documento se brinda especial atención a la sostenibilidad ambiental. En este sentido se persigue un desarrollo ambientalmente sostenible, que busque mantener e incluso mejorar el patrimonio del país en materia de aguas, suelos, biodiversidad y riqueza forestal al tiempo que gestiona el cambio climático y aborde los problemas de salud ambiental. En este enfoque de desarrollo sostenible se inserta la estrategia de competitividad, que tiene como objetivo plantear la oferta estatal en la provisión adecuada de bienes públicos (información, innovación y asistencia técnica, infraestructura física, seguridad y justicia), facilitar mecanismos adecuados de comercialización y una política macroeconómica, de comercio exterior y de provisión de servicios financieros apropiada.
La Misión busca promover ante todo, que los habitantes del campo tengan una vida digna, que garantice tanto sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, como sus derechos civiles y políticos. En este sentido la reducción de la pobreza rural es uno de los objetivos principales. En el marco del enfoque de derechos sociales se contemplan la cobertura y calidad de los servicios de educación y salud; el acceso a vivienda, agua y saneamiento; la mayor cobertura de los mecanismos de protección social (especialmente pensiones); y la plena aplicación de las normas laborales al campo (atendiendo al mismo tiempo a las características particulares de un mercado laboral que es esencialmente estacional y requiere en algunos casos labores que se deben realizar todos los días del año). Cabe mencionar las categorías de ruralidad delineadas en el punto 7 del Capítulo I, Marco conceptual.
Por otro lado, se fomenta el desarrollo de una ruralidad integradora, con amplia inclusión productiva. El objetivo es transitar de la visión asistencialista de combate a la pobreza en el campo a una visión que convierta a las comunidades rurales en protagonistas de su propio desarrollo. Se establece que todas las políticas de inclusión deben incorporar dimensiones de género, en particular el apoyo a proyectos de desarrollo productivo en el cual las mujeres son las principales gestoras o actoras, así como el acceso a los activos productivos (tierra, servicios financieros y asistencia técnica) en igualdad de condiciones. El primer elemento de esta estrategia busca financiar tres tipos de iniciativas: a) programas de desarrollo rural integral con enfoque territorial, b) proyectos de inclusión productiva, y c) programas de promoción de la asociatividad. Los programas de desarrollo rural tendrán como beneficiarios a las comunidades locales y a él o los municipios que conformen un territorio. En función de sus objetivos de desarrollo productivo (tanto agropecuario como no agropecuario), proveerán bienes públicos relacionados con la producción, agregación de valor, comercialización (centros de acopio, distritos de riego, centros de asistencia técnica, información y apoyo empresarial) y, en general, todo lo referido a inversiones y capacidades para dinamizar la economía del territorio y para hacerla más incluyente. Los proyectos de inclusión productiva podrán incluir actividades agropecuarias (incluida la pesca y acuicultura) y no agropecuarias y se enfocarán tanto en la consolidación de cadenas productivas existentes como en la diversificación de las fuentes de actividad económica basados en análisis participativos de la vocación y competitividad de los territorios. El segundo elemento contemplado en materia de acceso a recursos productivos es el acceso a servicios financieros (crédito, ahorro y aseguramiento contra riesgos). Con respecto al crédito, se dispone que éste debe orientarse prioritariamente a los pequeños productores y a la inversión de todo tipo de productores, apoyados en este último caso por un uso activo del Incentivo a la Capitalización Rural (ICR).
El eje estratégico de reforma institucional profunda tiene como fin contar con un arreglo institucional integral y multisectorial, con políticas claras, con amplia presencia y capacidad de ejecución a nivel territorial, que involucre a la sociedad civil organizada y al sector privado en la planeación, la toma de decisiones, la ejecución de programas y proyectos y el seguimiento de resultados, con el fin de darle a los pobladores rurales un papel protagónico como gestores y actores de su propio desarrollo.