Política para impulsar la competitividad agropecuaria.

El presente documento expone la política del gobierno colombiano para impulsar la competitividad del sector agropecuario, dado su bajo desempeño en comparación con otros países (puesto 20 de 25, según el índice elaborado por el DNP). Esta situación limita la integración de los productores rurales en los mercados globales y perpetúa altos niveles de pobreza monetaria en la ruralidad (18,2% en pobreza extrema en 2020). La política identifica cuatro causas principales: (i) entornos poco propicios para negocios rurales, (ii) debilidades en la provisión de bienes y servicios públicos, (iii) baja productividad total de los factores (PTF), y (iv) mercados agrícolas imperfectos. La propuesta plantea un plan de acción a 10 años (2022–2031) con una inversión de 6,3 billones de pesos para revertir estas condiciones y posicionar al agro colombiano entre los más competitivos de América Latina.
Las acciones se dividen en cuatro líneas estratégicas. La primera busca crear entornos seguros y funcionales para los negocios rurales mediante el fortalecimiento del ordenamiento territorial, la formalización laboral y el acceso a la tierra, integrando instrumentos como la Reforma Rural Integral y las Zonas de Interés de Desarrollo Rural. La segunda línea busca aumentar la provisión de bienes y servicios públicos productivos, destacando la implementación del Servicio Público de Extensión Agropecuaria (SPEA) y mejoras en infraestructura rural. La tercera línea apunta al aumento de la productividad total de los factores, promoviendo ciencia, tecnología e innovación agropecuaria (CTeI), facilitando el acceso a crédito y seguros, fortaleciendo la logística, e impulsando la inclusión productiva. La cuarta se enfoca en desarrollar mercados eficientes, reduciendo la intermediación con agricultura por contrato, creando una política nacional de insumos y promoviendo el uso de información sectorial.
La política se fundamenta en marcos normativos previos como la Ley 101 de 1993, la Ley 1876 de 2017 (SPEA y SNIA), la Ley 2183 de 2022 (Política Nacional de Insumos Agropecuarios), y documentos CONPES anteriores sobre desarrollo productivo, logística y sostenibilidad. Se reconocen avances, pero también vacíos críticos: baja cobertura del SPEA, escasa implementación de planes logísticos, deficiente articulación de actores territoriales y un mercado de tierras aún sin regulación efectiva. El documento incorpora un índice propio de competitividad agropecuaria y establece un marco conceptual con pilares como la provisión de bienes y servicios, la productividad, la comercialización y la sostenibilidad. En conjunto, esta política busca convertir al agro en un motor de desarrollo sostenible e inclusivo, contribuyendo tanto al crecimiento económico como a la reducción de desigualdades en el campo colombiano.