Un Campo para la Equidad: Política Agropecuaria y de Desarrollo Rural 2018-2022.

La Política Agropecuaria y de Desarrollo Rural 2018-2022 de Colombia, liderada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), tiene como objetivo transformar el campo colombiano con base en equidad y competitividad. Esta política se alinea con el Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia – Pacto por la Equidad”, las recomendaciones de la OCDE, y el Acuerdo de Paz, específicamente en el componente de Reforma Rural Integral. El enfoque se estructura en tres pilares: (i) Desarrollo Rural, (ii) Productividad + Rentabilidad = Competitividad, y (iii) Institucionalidad Moderna y Tecnificada. El primero abarca la formalización de la propiedad, provisión de bienes públicos y generación de ingresos. El segundo busca mejorar la productividad a través de ordenamiento productivo, gestión de riesgos e inversión. El tercero apunta a fortalecer la gobernanza y la capacidad institucional mediante modernización tecnológica y articulación interinstitucional.
La Política parte del reconocimiento de profundos desafíos estructurales en el campo colombiano: alta pobreza rural (multidimensional y monetaria), informalidad en la tenencia de la tierra, uso ineficiente del suelo, deterioro de la infraestructura (vías terciarias, riego, conectividad digital), baja productividad agropecuaria, y exclusión financiera. La desigual distribución de la tierra se destaca como un problema clave: el 38% de los predios tiene menos de 0,5 ha y solo ocupa el 0,2% del área, mientras que el 0,012% de predios concentra el 45,9% del territorio. A esto se suma la degradación del suelo por erosión, una cobertura deficiente de riego (apenas 6%), la migración de jóvenes del campo, y una débil articulación entre productores y mercados. Además, la productividad en cultivos y ganadería está por debajo de los estándares internacionales, y la informalidad frena el acceso al crédito y la inversión.
En respuesta, la Política propone acciones concretas: habilitación de la Agencia Nacional de Tierras como gestora catastral, barrido predial masivo, impulso al Plan Nacional de Riego, articulación con entes territoriales y privados para obras de adecuación de tierras, promoción del acceso a vivienda rural, y fortalecimiento del Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria (SNIA). También se priorizan programas de extensión agropecuaria, comercialización inclusiva (con compras públicas y cadenas cortas), infraestructura agrologística, y esquemas de cofinanciación. Todo ello con enfoque diferencial, priorizando a mujeres rurales, víctimas del conflicto, y zonas con mayor rezago. La meta general es dinamizar la economía rural, aumentar la productividad y fomentar el bienestar, consolidando el campo como motor del desarrollo nacional.