Estrategia Nacional RED+ Costa Rica.

La Estrategia Nacional REDD+ Costa Rica se construyó a partir de un largo proceso de consulta Primeramente, como producto de la sistematización de multiplicidad de riesgos sociales, políticos y ambientales, y de compromisos derivados de las salvaguardas aplicables. En segundo lugar, pasando por un proceso de reordenamiento y ajuste de acciones y medidas a fin de simplificarla y de que las políticas, acciones y medidas (PAMs) respetaran la legalidad, el quehacer y la presupuestación de las instituciones responsables, así como el marco de planificación oficial para el Sector Forestal Costarricense (el PNDF 2011-2020) de manera que ambos se complementen. El objetivo de la estrategia es contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes, a los objetivos de desarrollo sostenible y la mejora de la resiliencia de los ecosistemas forestales mediante esfuerzos concertados, inclusivos y transparentes entre los diversos sectores y actores, que generan resultados tempranos y nuevos y que mejoran los flujos financieros hacia el sector forestal con miras a mejorar su posicionamiento y competitividad nacional e internacional, en particular para reducir las emisiones de GEI derivadas de la deforestación y la degradación forestal, para gestionar de manera sostenible los bosques y conservar y mejorar las reservas forestales de carbono; a la vez que se contribuye a la acción climática global y a la atención de la demanda nacional de recursos forestales. Así, el conjunto de políticas y programas que permitan concretar esta visión estarán orientadas a fortalecer acciones para enfrentar las causas de la deforestación y/o la degradación forestal, gestionar de manera sostenible los bosques, y conservar y mejorar las reservas forestales de carbono, pero además atender situaciones ambientales y sociales, a lograr coherencia de políticas y legislación y buena gobernanza, a aportar otros beneficios múltiples a la sociedad.
La implementación de la estrategia se plantea a través de seis política: Promoción de sistemas productivos bajos en emisiones de carbono (política 1); Fortalecer programas de prevención y control de cambio de uso de la tierra e incendios (política 2); incentivos para la conservación y manejo forestal sostenible (política 3); restauración de paisajes y ecosistemas forestales (política 4); participación de los pueblos indígenas (política 5), que comprende cinco medidas y ocho acciones; y condiciones habilitantes, compuesta por cuatro acciones tendentes a facilitar y dar seguimiento a las acciones REDD+ que se desarrollan en el país (política 6).
La política 1 incluye acciones a desarrollar en fincas en producción agropecuaria, y en las que si bien, no se esperaría que se cambie de actividad económica, si se espera que se incremente la biomasa forestal, ya sea por la siembra de árboles bajo sistemas agroforestales o silvopastoriles, o incluso por la creación o conservación de parches de bosque dentro de las mismas. También se espera que con el mejor aprovechamiento y obtención de rentabilidad del suelo disminuyan los incentivos de deforestar otras áreas de bosque por la pérdida de productividad de las áreas actuales. En relación a eso, la política 2 plantea acciones de cara a combatir la dinámica de deforestación mediante el control de la tala ilegal y la mejor prevención y gestión de incendios.
El documento señala la relación entre los mayores índices de pobreza y zonas con rurales con riqueza ambiental. Por tanto las acciones propuestas están enfocadas a revertir esta situación de manera que tengan múltiples beneficios sociales y ambientales, y que favorezcan la gestión integrada del paisaje y en general el desarrollo económico, ambiental, social y cultural de su pueblo. En ese sentido, a través de la política 5 se busca asegurar los derechos reconocidos a través de convenios internacionales con el fin de lograr una participación activa por parte de los pueblos indígenas a través del seguimiento a los 5 temas especiales planteados por estos pueblos que coadyuven en el evitar la degradación y la deforestación de los bosques, así como con la recuperación de la cobertura boscosa en los territorios indígenas. Esos cinco temas son: Programa de Pago por Servicios Ambientales indígena; saneamiento y seguridad jurídica de la tierra; bosque y cosmovisión indígena; área protegida y territorio indígena; monitoreo y evaluación participativo.