Política Agrícola Centroamericana 2008-2017: una agricultura competitiva e integrada para un mundo global.

La Política Agrícola Centroamericana es un instrumento de carácter multisectorial aprobado en el marco del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y que abarca el territorio de los países que lo integran (Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá) relativamente al período comprendido entre 2008 y 2017. Su objetivo es fortalecer la integración regional, la competitividad del sector agrícola, la seguridad alimentaria regional, así como para propiciar un mayor acceso de los pequeños y medianos productores a los beneficios de la integración regional y la complementariedad entre los sectores público y privado. Los beneficiarios de la Política son todos aquellos involucrados en el sector: productores, agroempresarios y sus organizaciones; inversionistas; proveedores de insumos y servicios financieros y no financieros; consumidores; población rural en general, gobiernos y organismos de cooperación técnica y financiera.
La Política busca contribuir a erradicar la pobreza y garantizar la seguridad alimentaria. Entre las medidas regionales se contempla el desarrollo de mecanismos de coordinación y acciones regionales para enfrentar situaciones excepcionales que incidan en los mercados de productos agrícolas, precisamente con el fin último de alcanzar la seguridad alimentaria de la población.
El documento establece como objetivo general el de promover una agricultura centroamericana sostenible, moderna, competitiva, equitativa, articulada regionalmente, concebida como sector ampliado, con capacidad de adaptarse a nuevos roles y oportunidades, así como de fomentar la complementariedad entre actores públicos y privados. El principio de sostenibilidad es uno de los fundamentos del instrumento, y se incluyen los cuatro ámbitos del desarrollo sostenible: económico, social, ambiental y político-institucional. El primer eje articulador sobre el que descansa la Política es el de la competitividad y agronegocios, siendo sus áreas prioritarias el comercio intra y extrarregional, la sanidad agropecuaria e inocuidad de los alimentos, y la tecnología e innovación.
Se fomentan sistemas agrícolas y alimentarios integradores y eficientes. En este sentido se contemplan medidas de promoción de mecanismos de mercado transparentes, eficientes y eficaces que contribuyan a modernizar los servicios de intermediación comercial. Entre estos mecanismos se encuentran las centrales mayoristas no tradicionales, los centros de acopio territoriales, las subastas públicas y las bolsas agropecuarias de físicos y futuros, los mecanismos de vinculación a las cadenas de supermercados y con la agricultura de contrato. La promoción de estos mecanismos se realizará mediante el establecimiento de redes regionales, la divulgación de servicios y la capacitación de pequeños y medianos productores en su uso, el desarrollo de marcos regulatorios para su funcionamiento y regionalización y el intercambio de experiencias e información, entre otros. Además, la Política promueve el desarrollo de mecanismos que faciliten la integración nacional y regional de los actores de las cadenas agroproductivo-comerciales, con especial atención a la inserción de la pequeña agricultura empresarial. Por otro lado, se contempla establecer una estrategia para fortalecer y consolidar las unidades nacionales de análisis de riesgo sanitario y fitosanitario, la cual contemplaría la creación de la Unidad Regional de Análisis de Riesgos Sanitarios y Fitosanitarios, así como un sistema que permita el acceso a fuentes de información sobre salud animal, sanidad vegetal e inocuidad de los alimentos.
El segundo eje sobre el que descansa la Política es el Eje de Financiamiento y Gestión de Riesgos, que consiste de dos componentes fundamentales para aumentar la competitividad del sector agrícola y lograr que éste se desarrolle en forma sostenida. En cuanto al componente de la gestión del riesgo, éste está concebido en forma amplia, por lo que, además de los riesgos financieros, se incluyen los riesgos de mercado, laborales, económicos y de producción. En lo referente a estos últimos, para la región centroamericana se identifican como particularmente relevantes aquéllos asociados a peligros socionaturales, como sequías, desertificación, inundaciones, terremotos, heladas, huracanes e incendios forestales, en relación también con el cambio climático. Entre las medidas que se establecen cabe destacar el desarrollo del subsistema de información agroclimática en el marco del SICAgro.
Por último se prevé reforzar y renovar el marco institucional, para poder llevar adelante los compromisos que implica la Política Agrícola Centroamericana a nivel del sector agrícola. En el nuevo Reglamento General del Consejo Agropecuario Centroamericano, se deberán incorporar los lineamientos en torno al marco institucional, tanto a nivel nacional como regional, así como la metodología de aprobación de nuevas propuestas para la revisión y ejecución de la Política Agrícola Centroamericana.