Política Nacional para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres PIEG 2018-2030.

La Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres en Costa Rica PIEG 2018-2030 responde a los compromisos internacionales sobre derechos humanos y la igualdad efectiva, sustentado en la convencionalidad ratificadas por Costa Rica que protegen los derechos de las mujeres; en particular la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 1984) y, en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Convención Belem Do Pará, OEA 1994), así como las declaraciones, Acuerdos, Plataformas sobre la materia, y los Objetivos de Desarrollo Sostenible,que tiene como objetivo que nadie se quede atrás en el Desarrollo.
Esta nueva política es el resultado del análisis de las experiencias con la PIEG 2007-2017, cuya evaluación da cuenta de las metas alcanzadas y las pendientes; de la lectura del contexto y las demandas de las mujeres, así como las voces de expertas, académicas, ONG’S y sector privado. Desde y con ellas se fijaron las prioridades para los próximos años que se aglutinan en cuatro ejes, que recuperan reivindicaciones históricas de las mujeres, a saber: transformación de la cultura para la igualdad, distribución del tiempo, distribución de la riqueza y distribución del poder (tanto en su dimensión individual como colectiva). La prioridad de esta Política es la reducción de los nudos estructurales que hacen, recrean y refuerzan las desigualdades entre mujeres y hombres y que impiden el avance efectivo hacia la igualdad. La Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres en Costa Rica 2018-2030 a diferencia de la anterior representa un salto cualitativo en relación con la que le precede, dado que recoge las experiencias y modifica el diseño por ámbitos específicos, a un diseño por los hechos estructurales que generan la discriminación.
Esta política tiene un énfasis en la regionalización, incorpora a los actores del sector privado, coloca las acciones afirmativas de manera explícita y transforma las meras aspiracionales, en resultados esperados lo que facilita su seguimiento y medición. La implementación de esta política representa un gran reto para el país, y es por ello que las alianzas estratégicas con las instituciones de los tres Poderes de la República y del Tribunal Supremo de Elecciones son imprescindibles para alcanzarlos. La política general debe materializarse en políticas públicas, normativas, estrategias y planes con mecanismos de rendición de cuentas y coordinación interinstitucional. Asimismo, deben realizarse alianzas con otros actores no estatales, como el sector privado, academia e instancias de la sociedad civil de manera que se busque cada vez más un involucramiento de todos y todas en la construcción de la Igualdad entre hombres y Mujeres.