Decreto Nº 341/2018 - Decreto de la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial.

El presente Decreto refuerza la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial (OCPI), adscrita al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. Esta Oficina es rectora del Sistema de Propiedad Industrial; tiene la misión de conferir el registro de los derechos de Propiedad Industrial en la República de Cuba y prestar servicios científico-tecnológicos especializados en la materia, para contribuir al desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, la inversión nacional y extranjera, la industria y el comercio. Dicha Oficina tiene las funciones siguientes: elaborar, proponer y ejecutar tanto la política sobre el Sistema de Propiedad Industrial, así como la legislación en materia de propiedad industrial; asesorar al Estado, el Gobierno, la Administración Central del Estado y otras entidades, en la materia; representar a Cuba ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y demás organizaciones internacionales, en temas relacionados con la propiedad industrial; proponer la adhesión o renuncia de Cuba a los acuerdos internacionales en materia de propiedad industrial; velar por el cumplimiento de las obligaciones de los acuerdos internacionales; conferir y tramitar el registro de los derechos de propiedad industrial; prestar servicios científico-tecnológicos tanto basados en la información tecnológica, legal y comercial de propiedad industrial, así como para asesorar los proyectos de inversión nacional y extranjera, contratos de transferencia de tecnología, acuerdos de transferencia de material biológico, acuerdos gubernamentales y de colaboración económica y científico-técnica, así como otros proyectos que involucran la propiedad industrial; preservar el acervo documental de la propiedad industrial; realizar la promoción y difusión de la actividad de propiedad industrial; organizar la formación académica de postgrado sobre esta materia; establecer acuerdos de cooperación en la materia con otras instituciones nacionales y extranjeras; aplicar las tarifas para el registro de las modalidades; orientar las secciones provinciales y puestos de trabajo de propiedad industrial en las provincias; regular la actividad de los agentes oficiales; y compilar las estadísticas sobre la propiedad industrial.