Ley Organica de economia circular inclusiva.

Esta ley tiene como objetivo principal transitar de un modelo económico lineal hacia uno circular e inclusivo, con el fin de promover el desarrollo sostenible, reducir la generación de residuos, fomentar el reciclaje y la reutilización, y proteger el medio ambiente y la salud pública.
La ley se fundamenta en diversos artículos de la Constitución del Ecuador y en normativas como el Código Orgánico del Ambiente, que reconocen el derecho a un ambiente sano, los derechos de la naturaleza, y la obligación del Estado de planificar un desarrollo sustentable y equitativo.
La ley establece 18 principios rectores, entre los que destacan: 1. la inclusión, o sea la integración económica formal de los recicladores de base; 2. la jerarquía en el manejo de residuos que da prioridad a la reutilización, reparación y reciclaje sobre la eliminación; 3. la responsabilidad extendida del productor, según la cual los productores deben gestionar los residuos de sus productos durante todo su ciclo de vida; 4. el precautorio y el preventivo: medidas ante riesgos ambientales, con o sin certeza científica; el ecodiseño, o sea el diseño de productos con menor impacto ambiental y mayor durabilidad.
Los objetivos generales de la Ley son establecer mecanismos para la transición hacia una economía circular; fomentar la investigación, innovación y generación de empleo en este ámbito; reconocer y valorizar el trabajo de los recicladores de base; promover la educación y participación ciudadana en el consumo responsable.
Con la Ley se crea el Sistema Nacional de Economía Circular Inclusiva, liderado por los ministerios de producción y ambiente, que articulará políticas públicas, estrategias nacionales y un sistema de información para monitorear el avance.
Se prioriza la gestión integral de residuos, con enfoque en el reciclaje inclusivo. Se establecen obligaciones para productores, distribuidores, consumidores y gestores de residuos. Se prohíbe la importación de residuos para eliminación, salvo cuando sean para aprovechamiento y no exista oferta nacional.
Se prevén sellos de certificación de economía circular para empresas; acceso a créditos preferenciales y cooperación internacional. Los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) pueden otorgar incentivos tributarios y apoyar proyectos de emprendimiento.
Se promueve la educación ambiental en todos los niveles. Los ciudadanos tienen derecho a participar en la elaboración de planes y programas relacionados con la economía circular.
Se establecen infracciones leves y graves, con sanciones que incluyen multas y exclusión de incentivos. Se garantiza el cumplimiento de las metas de recolección y valorización.
Finalmente, se establecen plazos para la emisión de reglamentos, planes nacionales y adecuación de normativas locales. Se crea un registro único de recicladores de base y un sistema de afiliación a la seguridad social para ellos.
En conclusión, la Ley Orgánica de Economía Circular Inclusiva representa un marco jurídico pionero en Ecuador, que busca integrar la sostenibilidad ambiental con la inclusión social y el desarrollo económico, promoviendo un cambio cultural y productivo hacia un futuro más responsable y resiliente.