Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León.

Este documento es una norma jurídica de gran importancia para la comunidad autónoma, ya que unifica y ordena en un solo texto todas las leyes dispersas que regulaban la prevención ambiental en Castilla y León hasta su publicación en 2015. Su objetivo principal es ofrecer un marco legal claro, coherente y sistemático que garantice la seguridad jurídica tanto para las administraciones públicas como para los ciudadanos y las empresas.
El texto refundido establece un sistema de intervención administrativa para controlar las actividades, instalaciones y proyectos que puedan afectar al medio ambiente. Este sistema se estructura en tres niveles, en función del grado de incidencia ambiental: 1. Autorización Ambiental: es el régimen más exigente, aplicado a las actividades con mayor potencial contaminante (como las industrias químicas o grandes instalaciones ganaderas, detalladas en el Anexo II). Su finalidad es integrar en un solo acto administrativo todos los permisos ambientales necesarios (emisiones atmosféricas, gestión de residuos, vertidos, etc.); 2. Licencia Ambiental: se aplica a actividades con una incidencia ambiental considerable, pero menor que las anteriores (como talleres, comercios de cierta superficie, etc.). La gestión de este régimen recae principalmente en los ayuntamientos, aunque con informes vinculantes de la administración autonómica en ciertos casos; 3. Comunicación Ambiental: es el régimen más sencillo y rápido, destinado a actividades de muy escasa incidencia ambiental, aquellas ya evaluadas favorablemente en su impacto o las que están bajo el control de normativas sectoriales específicas (listadas en el Anexo III). Los titulares solo deben presentar una comunicación previa al ayuntamiento para poder iniciar la actividad.
Además de estos tres regímenes, la ley regula la Evaluación de Impacto Ambiental para proyectos de obras e instalaciones que puedan tener efectos significativos en el entorno, siguiendo la normativa estatal básica pero con particularidades autonómicas.
La norma también detalla los procedimientos administrativos para obtener cada tipo de autorización o licencia, los requisitos para el inicio de la actividad, las normas para las modificaciones (sustanciales o no), el cese de las mismas, y el régimen de transmisión de la titularidad.
Para garantizar el cumplimiento de la ley, se establece un completo régimen de control e inspección, que asigna competencias a la Junta de Castilla y León y a los ayuntamientos. Se definen también las infracciones (clasificadas en leves, graves y muy graves) y las sanciones correspondientes, que incluyen desde multas económicas hasta la clausura de la actividad.
En resumen, este decreto legislativo es la norma ambiental de cabecera en Castilla y León, diseñada para compatibilizar la protección del medio ambiente con el desarrollo económico mediante procedimientos claros, integrados y adaptados al impacto de cada actividad.