Estrategia Española de Desarrollo Sostenible 2030.

Los objetivos comprometidos en la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 (EDS 2030) hacían necesaria la articulación de un proceso de trabajo que posibilitara la generación de un diálogo amplio que implicase a las distintas estructuras de gobierno y actores representados en los tres mecanismos puestos en marcha en la actual legislatura y que conforman el Sistema de Gobernanza para la Agenda 2030: la Comisión Delegada del Gobierno para la Agenda 2030, la Conferencia Sectorial para la Agenda 2030 y el Consejo de Desarrollo Sostenible. A estos espacios se ha sumado la implicación de las Cortes Generales a través de la Comisión Mixta para la Coordinación y Seguimiento de la Estrategia Española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Complementariamente, se han articulado distintos espacios de consulta, diálogo social y contraste orientados a sumar más voces al proceso, desde una mirada multidimensional y multiactor.
La Agenda 2030 es también una agenda de compromisos intergeneracionales. Desde esta clave, la Secretaría de Estado para la Agenda 2030 impulsó, conjuntamente con UNICEF España, una consulta a niños, niñas y adolescentes para conocer sus preocupaciones e integrarlas en la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030. Para ello, en octubre de 2020 se desarrollaron distintas sesiones de trabajo en el marco del VI Encuentro Estatal de Consejos Locales de Participación, en las que participaron 192 niños, niñas y adolescentes de entre 8 y 17 años en representación de 74 consejos locales de participación de 16 comunidades autónomas. Estas sesiones de trabajo tuvieron como resultado la elaboración del Manifiesto de la Infancia y Adolescencia 202032, en el que se recogen sus voces e incluyen las propuestas dirigidas al Gobierno para hacer realidad los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, y que fue presentado públicamente el 11 de noviembre de 2020.
METAS para 2030: Reducir a menos de la mitad la proporción de hombres, mujeres, niños, niñas y adolescentes que se encuentran en riesgo de pobreza y/o exclusión (Tasa AROPE). Eerradicar la privación material severa sufrida por niños, niñas y adolescentes y reducir a menos de la mitad la tasa de pobreza infantil relativa66. Incrementar el gasto público en protección social hasta situarlo en la media de la UE-27. Ampliar la cobertura del Ingreso Mínimo Vital de modo que proteja a todas las personas y unidades familiares que se encuentren en situación de pobreza severa. Incrementar la capacidad redistributiva de las transferencias sociales para situarla, como mínimo, en la media de la UE-27. Antes de finales de 2022, garantizar la protección de las personas y unidades de convivencia que, como consecuencia de una situación de vulnerabilidad social o económica, se encuentren en situación de desahucio o lanzamiento de su vivienda habitual, orientando a tal fin los recursos y programas de política de vivienda, y también reforzando la coordinación entre órganos judiciales y servicios sociales. Mediante el impulso del parque de vivienda pública en alquiler social, particularmente en las denominadas áreas declaradas de mercado tensionado, alcanzar la actual media europea, estimulando la rehabilitación del parque y el uso del suelo de reserva para vivienda protegida y de alquiler social. En 2030, garantizar la protección de las familias vulnerables en situación de pobreza energética ante situaciones de impago e identificadas por los servicios sociales, garantizando la aplicación del principio de precaución y el suministro mínimo vital. Garantizar los derechos de la persona consumidora vulnerable, a través de la adopción de regulación con perspectiva de género.
Hasta 2030: Garantizar el derecho a la alimentación a través de los mecanismos de distribución de alimentos a personas y familias en situación de vulnerabilidad social y económica, así como fomentando las donaciones de alimentos a entidades sociales, garantizando criterios de calidad nutricional y sostenibilidad. Para 2030, modernizar el sistema fiscal desde criterios de justicia, progresividad y capacidad redistributiva, para posibilitar una mayor eficacia recaudatoria, reduciendo la diferencia con la Unión Europea, que se traduzca en el fortalecimiento de los servicios públicos y la reducción de las desigualdades, a través de un análisis profundo de las figuras impositivas y beneficios fiscales existentes para 2030. Hasta 2030 Promover la disminución de la desigualdad de las personas españolas residentes en el exterior o retornadas, en situación de carencia de recursos, a través de las prestaciones económicas (prestación por razón de necesidad, pensión asistencial para retornados y pensión a favor de “niños y niñas de la guerra”), de la cobertura de la asistencia sanitaria, y de otras prestaciones y ayudas.