Ley 2/2026, de 12 de marzo, para la Gestión Ambiental de Andalucía.

La Ley para la Gestión Ambiental de Andalucía se presenta como una norma llamada a sustituir y actualizar el marco anterior (Ley 7/2007), con el objetivo de adaptar la regulación ambiental andaluza a los cambios normativos estatales y comunitarios, y de responder a los retos ambientales del siglo XXI. Su exposición de motivos subraya la extraordinaria biodiversidad de Andalucía y la necesidad de conciliar la protección del medio ambiente con el desarrollo económico y social, bajo los principios de sostenibilidad, prevención, cautela, «quien contamina paga», transparencia y participación pública. La ley se alinea con la Agenda 2030, el Pacto Verde Europeo y el Acuerdo de París, e incorpora el derecho humano a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible.
La norma se estructura en nueve títulos, 197 artículos, disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias y finales, y dos anexos. El Título I recoge los principios y disposiciones generales, define el objeto y ámbito de aplicación, las finalidades y los principios rectores, y regula la coordinación de la política ambiental mediante una estrategia marco de medio ambiente y la creación del Consejo Asesor de Medio Ambiente de Andalucía. También aborda la información y participación pública, la ecoinnovación y la educación ambiental.
El Título II regula la evaluación ambiental, distinguiendo la evaluación ambiental estratégica de planes y programas (ordinaria y simplificada) y la evaluación de impacto ambiental de proyectos. Se establecen procedimientos, plazos, consultas a administraciones afectadas y personas interesadas, y la integración de la evaluación ambiental en los instrumentos de prevención ambiental. Se presta especial atención a los instrumentos de ordenación urbanística y al seguimiento de las declaraciones e informes ambientales estratégicos.
El Título III se dedica a los instrumentos de prevención ambiental: la autorización ambiental integrada, la autorización ambiental unificada, la autorización ambiental unificada simplificada, la licencia ambiental - que sustituye a la anterior calificación ambiental - y la declaración responsable de los efectos ambientales. Se regula su concurrencia con la evaluación de impacto ambiental, el Registro de actuaciones sometidas a estos instrumentos, la tramitación de urgencia y la verificación documental previa por colegios profesionales o entidades colaboradoras. Cada instrumento cuenta con su propio procedimiento, contenido, revisión, modificación, vigencia, comprobación e inicio de actividad y cese.
El Título IV aborda el control de la contaminación ambiental, con disposiciones generales sobre calidad ambiental y autorizaciones de control. Se desarrollan la contaminación atmosférica (competencias, Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire, planes de calidad del aire, actividades potencialmente contaminadoras y autorización de emisiones), la contaminación lumínica (zonificación, restricciones de uso y memoria técnica) y la contaminación acústica (competencias, áreas y zonas acústicas, mapas de ruido, planes de acción, estudios acústicos y zonas acústicamente saturadas). También se regulan los residuos y la calidad ambiental del suelo.
El Título V regula los instrumentos de impulso para la mejora ambiental, como convenios y sistemas voluntarios (EMAS, ISO/UNE, Ecolabel, Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones y distintivo de calidad ambiental).
El Título VI se ocupa de los instrumentos fiscales e incentivos económicos, promoviendo la fiscalidad ecológica y subvenciones para la inversión y medidas horizontales de apoyo.
El Título VII regula la responsabilidad medioambiental, remitiéndose a la Ley 26/2007 y estableciendo competencias, obligaciones de prevención y reparación, análisis de riesgos y garantías financieras.
El Título VIII se centra en la inspección, vigilancia y control ambiental, regulando el ejercicio de la actividad inspectora, el deber de sometimiento, la colaboración administrativa y la planificación de la inspección autonómica.
Finalmente, el Título IX establece el régimen sancionador, con infracciones muy graves, graves y leves, sanciones accesorias, criterios de graduación, competencia de los órganos sancionadores, prescripción, medidas provisionales, ejecución subsidiaria, multas coercitivas, prestación ambiental sustitutoria y obligación de reparación e indemnización.