Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030.
Country
Type of law
Policy
Abstract
El presente Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC) surge como respuesta a la demanda de la Unión Europea para cada Estado Miembro de elaborar un PNIEC que dé cumplimiento al denominado “paquete de invierno” (“Energía limpia para todos los europeos”, COM (2016) 860 final) que se ha desarrollado a través de diversos reglamentos y directivas. El PNIEC 2021-2030 que se presenta en este documento pretende reflejar dicho compromiso y la contribución de España al esfuerzo internacional y europeo enmarcado en el Acuerdo de París. El PNIEC de España identifica los retos y oportunidades a lo largo de las cinco dimensiones de la Unión de la Energía: la descarbonización, incluidas las energías renovables; la eficiencia energética; la seguridad energética; el mercado interior de la energía y la investigación, innovación y competitividad. El objetivo de España a largo plazo es convertirse en un país neutro en carbono en 2050 (cero emisiones netas de GEI), para lo que se ha fijado el objetivo de lograr una mitigación de, al menos, el 90% de las emisiones brutas totales de GEI respecto al año de referencia 1990.
Así, para una producción eléctrica sustentable, el gobierno propone una serie de medidas para promover el uso de energías renovables y la eficiencia energética. Entre otras cuestiones, se propone: el desarrollo de nuevas instalaciones de generación eléctrica con renovables; adaptación de redes eléctricas para la integración de renovables; desarrollo y promoción del autoconsumo con renovables; incorporación de renovables en el sector industrial; biocombustibles avanzados en el transporte; promoción de gases renovables; programas para el aprovechamiento de la biomasa; contratación pública de energías renovables; y regulación de comunidades energéticas locales. También se busca promover un papel activo de la ciudadanía en el proceso de descarbonización.
Algunas de las medidas previstas para la reducción de emisiones y el aumento de la eficiencia energética van relacionadas con la disminución del desperdicio alimentario (Medida 1.22. Reducción de emisiones de GEI en la gestión de residuos), y la gestión más eficiente de los residuos. Así, se contemplan medidas de reducción de emisiones en los sectores agrícola y ganadero. También se prevé la creación de sumideros forestales y sumideros agrícolas, que faciliten la preservación de la biodiversidad utilizando especies autóctonas en sustitución de cultivos agrícolas. En la adopción de esta medida se priorizarán zonas con riesgo de erosión. Por último, en lo relativo al sector de la pesca y la agricultura, el documento contempla como medida el mejoramiento de la eficiencia energética en comunidades de regantes. Serán elegibles las redes de captación, almacenamiento, transporte, distribución y aplicación del agua de riego, las instalaciones consumidoras de energía en los edificios agrarios y la maquinaria agrícola.
Por último, el documento destaca el acceso a la electricidad como un derecho y plantea medidas específicas para abordar la problemática de la pobreza energética identificando a consumidores vulnerables. En concreto, se recogen por una parte medidas para crear un cambio estructural en el modelo energético centradas en lograr una mejora en las condiciones de edificios y hogares vulnerables; y por otra parte medidas de protección a consumidores, tales como la elaboración de un protocolo para detectar situaciones de pobreza energética por parte de los profesionales de atención primaria. La política busca una transición energética justa, por lo que otra de las acciones planteadas es la promoción de empleos y otras actividades para minimizar los impactos negativos en las zonas vulnerables por la transición energética a través de Convenios de Transición Justa, así como brindar apoyo técnico y financiero para su implementación, como en el caso del Plan de Acción Urgente para comarcas de carbón y centrales en cierre. Finalmente, desde el Plan también se busca garantizar a los consumidores el derecho a producir, consumir, almacenar y vender su propia energía renovable, y evaluar tanto las barreras como el potencial de desarrollo de las comunidades de energía renovable.
Así, para una producción eléctrica sustentable, el gobierno propone una serie de medidas para promover el uso de energías renovables y la eficiencia energética. Entre otras cuestiones, se propone: el desarrollo de nuevas instalaciones de generación eléctrica con renovables; adaptación de redes eléctricas para la integración de renovables; desarrollo y promoción del autoconsumo con renovables; incorporación de renovables en el sector industrial; biocombustibles avanzados en el transporte; promoción de gases renovables; programas para el aprovechamiento de la biomasa; contratación pública de energías renovables; y regulación de comunidades energéticas locales. También se busca promover un papel activo de la ciudadanía en el proceso de descarbonización.
Algunas de las medidas previstas para la reducción de emisiones y el aumento de la eficiencia energética van relacionadas con la disminución del desperdicio alimentario (Medida 1.22. Reducción de emisiones de GEI en la gestión de residuos), y la gestión más eficiente de los residuos. Así, se contemplan medidas de reducción de emisiones en los sectores agrícola y ganadero. También se prevé la creación de sumideros forestales y sumideros agrícolas, que faciliten la preservación de la biodiversidad utilizando especies autóctonas en sustitución de cultivos agrícolas. En la adopción de esta medida se priorizarán zonas con riesgo de erosión. Por último, en lo relativo al sector de la pesca y la agricultura, el documento contempla como medida el mejoramiento de la eficiencia energética en comunidades de regantes. Serán elegibles las redes de captación, almacenamiento, transporte, distribución y aplicación del agua de riego, las instalaciones consumidoras de energía en los edificios agrarios y la maquinaria agrícola.
Por último, el documento destaca el acceso a la electricidad como un derecho y plantea medidas específicas para abordar la problemática de la pobreza energética identificando a consumidores vulnerables. En concreto, se recogen por una parte medidas para crear un cambio estructural en el modelo energético centradas en lograr una mejora en las condiciones de edificios y hogares vulnerables; y por otra parte medidas de protección a consumidores, tales como la elaboración de un protocolo para detectar situaciones de pobreza energética por parte de los profesionales de atención primaria. La política busca una transición energética justa, por lo que otra de las acciones planteadas es la promoción de empleos y otras actividades para minimizar los impactos negativos en las zonas vulnerables por la transición energética a través de Convenios de Transición Justa, así como brindar apoyo técnico y financiero para su implementación, como en el caso del Plan de Acción Urgente para comarcas de carbón y centrales en cierre. Finalmente, desde el Plan también se busca garantizar a los consumidores el derecho a producir, consumir, almacenar y vender su propia energía renovable, y evaluar tanto las barreras como el potencial de desarrollo de las comunidades de energía renovable.
Attached files
Web site
Date of text
Entry into force notes
2021-2030
Repealed
No
Publication reference
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Source language
Spanish
Legislation Amendment
No