Ley No. 5/2020 de fecha 23 de Noviembre, de Puertos de la República de Guinea Ecuatorial.

La presente Ley establece y regula un modelo de gestión de los puertos que combine las funciones de la Administración Pública de ordenar, regular, controlar e inspeccionar, propiciando la iniciativa privada que asume la explotación de las diferentes actividades portuarias, así como la transferencia de tecnología, como factor estratégico en materia de rentabilidad y eficacia en la política de gestión y explotación de las infraestructuras de puertos. La presente Ley tiene por objeto dotar ai país de un domínio público portuario con capacidad de lograr un sistema de transporte marítimo más integral y preparado para mover mercancías de forma más rápida, fiable, segura y económicamente sostenible, implicando de esta forma la participación de la iniciativa privada en la financiación, construcción, gestión, explotación de los puertos y la prestación de servicios portuarios, incorporando nuevos mecanismos para potenciar la calidad y eficacia en la prestación de dichos servicios a fin de garantizar la autonomía de los puertos.
Para la consecución de los objetivos propuestos, la Ley establece que, la Administración de puertos públicos se encargue de la gestión de los puertos públicos, al mismo tiempo ejerza las funciones de la Autoridad portuaria a nivel de los puertos bajo su competencia, dependiendo orgánicamente del Ministerio Tutor, como la autoridad portuaria nacional y único Órgano competente para la ordenación, regulación y administración de los puertos nacionales. En particular, la Ley tiene por objeto regular y determinar el régimen y sistema general de los puertos públicos y privados, instalaciones portuarias y terminales marítimas, de la actividad de los mismos y del domínio público portuario en la República, la Administración Portuaria Nacional, la organización, explotación, gestión de los puertos, la prestación de servicios portuarios, la planificación, construcción y ampliación de puertos, la seguridad, policía y protección de las instalaciones portuarias, estableciendo el régimen de las concesiones y autorizaciones y el régimen sancionador aplicable en el ámbito de la actividad portuaria.