Plan de Acción de Buena Gobernanza y Anticorrupción.

El Plan de Acción de Buena Gobernanza y Anticorrupción, tiene la finalidad de fortalecer la gobernanza y la lucha contra la corrupción en Guinea Ecuatorial, como una condición previa necesaria para que la política gubernamental pueda redundar en un crecimiento inclusivo y sostenible en el país.
La Política se propone: — 1) Reforzar el sistema de Gobernanza Fiscal mediante la promoción y aplicación de las normas de la transparencia y la rendición de cuentas. La reforma fiscal garantizaría un sistema de control presupuestario con capacidad para controlar la ejecución de gastos e ingresos. A tal fin, el reforzamiento de la gestión financiera pública requerirá la implementación de la ley de presupuesto y de la cuenta única de tesorería, la racionalización y regularización de gastos e ingresos, y la mejora de la transparencia y la rendición de cuentas mediante el empoderamiento de los órganos de auditoría, la regularización de la administración financiera y la mejora de la publicación de estadísticas fidedignas. — 2) Afianzar el imperio de la ley a través de la aplicación eficaz de las normas vigentes y mejorar el acceso del público a los datos sobre las leyes, ordenanzas y fallos judiciales, y sobre la administración y eficiencia de los tribunales. — 3) Mejorar el clima de negocios simplificando los procedimientos para constituir empresas, a través de la plena aplicación del decreto sobre la ventanilla única empresarial y la informatización del registro comercial y catastral y de los servicios tributarios y aduaneros. — 4) Reforzar el marco de Lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, perfeccionando el marco jurídico y mejorando su aplicación efectiva. — 5) Redoblar los esfuerzos para combatir la corrupción, por ejemplo, adoptando una ley integral al respecto que se ajuste a las normas internacionales, poniendo en práctica un régimen de declaración de activos y un código de ética para los funcionarios públicos de alto rango y reforzando las investigaciones, los enjuiciamientos y las condenas de los responsables de corrupción y confiscando sus ganancias ilícitas.