Estrategia de Reducción de la Pobreza.

La Estrategia de Reducción de la Pobreza (ERP) es un documento de carácter multisectorial y cobertura nacional, cuyo objetivo es reducir la pobreza y la pobreza extrema en Guatemala, con especial atención enfocada a las poblaciones rurales.
La seguridad alimentaria (y el acceso al agua potable) constituye uno de los temas centrales para la reducción de la pobreza y la pobreza extrema. La ERP intensifica los esfuerzos para disminuir la inseguridad alimentaria, mediante acciones que permitan fortalecer la capacidad productiva de los pequeños agricultores, a través de asistencia técnica, provisión de fertilizantes y semillas mejoradas, así como la diversificación de cultivos. La Estrategia adopta un enfoque de género, y persigue equidad de oportunidades para hombres y mujeres.
La ERP asigna especial importancia al desarrollo agropecuario y forestal a efectos de la la reducción de la pobreza. En este sentido se fomenta el desarrollo de las actividades agropecuarias y forestales y se busca dar impulso a la economía rural.
Además propone incrementar el gasto público hacia los pobres, utilizando el mapa de pobreza como base. Debido a que la pobreza es eminentemente rural y que la incidencia de pobres dentro de la población indígena es mayor, este giro significa favorecer las áreas rurales y las poblaciones indígenas, y representa un cambio trascendental en la política gubernamental.
En el ámbito del desarrollo agropecuario se contemplan como medidas el propiciar el acceso a tierras con fines productivos y el apoyo a las familias campesinas con potencial productivo mediante el Fondo de Tierras y FONAPAZ. También se prevé la distribución de fertilizantes a agricultores y la provisión de maquinarias. Desde el enfoque de género, la Estrategia busca promover las condiciones que favorezcan el desarrollo integral de las mujeres de todos los grupos y sectores socioculturales, potenciando su plena y equitativa participación en todos los niveles de las estructuras sociales y económicas.
La reducción de vulnerabilidad a desastres naturales es otro de los objetivos del documento, dado su impacto sobre la población más vulnerable a estas situaciones. Se promueve por ende una cultura de prevención y mitigación, que permita a la población organizarse y estar preparada para enfrentar toda clase de contingencias al nivel nacional y local. Ello supone la participación plena de la sociedad en las tareas de reducción de vulnerabilidades y de gestión del riesgo. Implica también que se prestará atención especial a los grupos y sectores más vulnerables de las poblaciones, especialmente por los niveles de pobreza y marginalidad, y que se incorporarán debidamente los aspectos de género.
A nivel institucional, son principios rectores de la Estrategia el fortalecimiento de la gestión pública, el impulso a la descentralización y el aumento de la participación ciudadana. En cuanto a la descentralización, se contemplan las siguientes dimensiones: a) política (fortalecimiento de la gestión de los gobiernos municipales y su transparencia); b) administrativa (traslado de competencias a los gobiernos locales); c) fiscal (sostenibilidad económica de los gobiernos locales, fortaleciendo y trasladando la recaudación tributaria a nivel municipal; d) económica (modernización y desarrollo de los sectores público y privado a nivel local).