Política Nacional de Humedales de Guatemala.

El presente documento contiene la Política Nacional de Humedales de Guatemala, la cual es de carácter nacional. Su objetivo es proteger, utilizar sosteniblemente y recuperar los humedales de Guatemala, incluyendo su biodiversidad, para beneficio de la población actual y futura; por medio de la participación y cooperación entre todos los habitantes y la inversión económica oportuna de las instituciones del Estado. Sus objetivos específicos son: a) Promover la conservación, recuperación, mantenimiento y mejoramiento de los humedales en cuanto a la cantidad y calidad de bienes y servicios que prestan a la población; b) Promover un entorno social y económico favorable a la conservación y uso racional de los humedales; c) Fortalecer la capacidad institucional y la inversión nacional y local para el uso, valoración económica y conservación de los humedales; d) Impulsar el desarrollo de conocimiento, evaluación y monitoreo de los humedales; e) Apoyar la implementación de las resoluciones provenientes de la Convención de Ramsar y otras vinculadas al manejo racional de los humedales.
Las Políticas descritas son: 1) Las características y propiedades de los ecosistemas de los humedales se promueven y mantienen en forma saludable dentro del territorio nacional; 2) Los humedales y las especies asociadas a los mismos, que se encuentran en deterioro o que afectan la salud y seguridad ciudadana, se incorporan a procesos de evaluación y restauración ecológica para su recuperación; 3) Los humedales con características biofísicas extraordinarias, generadores de bienes y servicios ambientales para el desarrollo económico del país o reconocidos internacionalmente como “Sitios Ramsar”, se protegen, conservan y manejan apropiadamente a nivel municipal, regional y nacional; 4) El desarrollo y aplicación tecnológica compatible con el uso racional y la recuperación de los humedales se fomenta a través de la inversión pública y privada; 5) El desarrollo urbano y rural promueve la disminución de impactos negativos a los humedales y fomenta la creación de empleo para la población local, disminuyendo las presiones sobre estos ecosistemas; 6) Las capacidades institucionales, de recurso humano y financieras necesarias para la protección y uso racional de los humedales, se fortalecen, fomentan y propician entre los diferentes sectores de la sociedad; 7) El gobierno, las municipalidades y los ciudadanos en la tarea de proteger y usar sosteniblemente los humedales, mantienen una relación que crea y fortalece los espacios de participación social para la consolidación de los procesos democráticos nacionales; 8) La Autoridad Administrativa de la “Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional Ramsar”, fortalece su capacidad de gestión y toma de decisiones con relación a la aplicación del Convenio, Decisiones y Recomendaciones de la Conferencia de las Partes, en el ámbito nacional; 9) Los centros académicos, organizaciones no gubernamentales e instituciones dedicadas a la investigación, conocimiento y desarrollo tecnológico en las diferentes áreas de la ciencia incluyen dentro de las líneas prioritarias de inversión en esta materia, la solución de los problemas nacionales que afrontan los humedales; 10) Los humedales son objeto de procesos sistemáticos de evaluación y monitoreo de la calidad y cantidad de los elementos y relaciones que los componen; 11) La valoración económica, ecológica y social de los humedales se incorpora a las prácticas sociales y desarrollo económico del país.
El organismo estatal asignado dentro del Ejecutivo para la administración de la Convención sobre los Humedales es el Consejo Nacional de Áreas Protegidas.