Política Nacional de Riego 2024-2033.

La Política Nacional de Riego 2024–2033 de Guatemala es un instrumento estratégico que busca reducir la dependencia de la agricultura respecto al ciclo estacional de lluvias a fin de aumentar los niveles de productividad e ingresos en los hogares rurales. Sus objetivos específicos son: 1) Incrementar la cobertura actual de hectáreas irrigadas para la producción agrícola; 2) Afianzar la sostenibilidad ambiental de los sistemas de riego y de las fuentes de agua que los provisionan; 3) Fortalecer la institucionalidad pública para la implementación de la política nacional de riego; y 4) Fortalecer las estructuras de gobernanza asociadas a sistemas de riego a nivel local. Cada objetivo específico consta de ejes, resultados y lineamientos. La Política se fundamenta en estudios técnicos recientes, como el “Análisis de Potencial de Riego”, y se alinea con marcos nacionales e internacionales como los ODS, la Agenda 2030, y el Plan Nacional de Desarrollo K’atun 2032. La Política también considera principios de equidad, sostenibilidad, eficiencia e innovación tecnológica con pertinencia cultural.
La Política identifica obstáculos que han limitado históricamente el desarrollo del riego en el país, incluyendo baja cobertura, debilidades institucionales, escasa inversión pública, variabilidad climática y una débil gobernanza local. Se propone implementar cuatro instrumentos basados los cuatro objetivos específicos. Estos son: 1) Plan Nacional de Inversión en Infraestructura de Riego; 2) Estrategia Ministerial para Afianzar la Sostenibilidad Ambiental de los Sistemas de Riego; 3) Estrategia para el Fortalecimiento Institucional del MAGA para la implementación de la Política de Riego 2024-2033; y 4) Estrategia Ministerial para el Fortalecimiento de la Gobernanza Territorial en el marco de la Promoción, Implementación, Operación y Mantenimiento de Sistemas de Riego.
Además, la Política promueve el aprovechamiento de excedentes de agua de lluvia y de fuentes subterráneas, e incluye un plan de acción con inversiones en infraestructura, fortalecimiento institucional y participación comunitaria. El objetivo final es generar una agricultura más resiliente y productiva, capaz de responder a las crecientes demandas alimentarias, económicas y climáticas del país, priorizando a los territorios más vulnerables y con menor acceso histórico a tecnología de riego.