Decreto Nº 286-2009 ─ Ley para el establecimiento de una visión de país y la adopción de un plan de nación para Honduras.

La presente Ley tiene como objetivo aprobar la Visión de País al año 2038 y el Plan de Nación al año 2022, con los cuales se inicia el proceso de planeación del desarrollo económico, social y político del país. El documento recoge los ejes estratégicos que atienden los desafíos que enfrenta la Nación y alrededor de los cuales debe ejecutarse la acción pública y privada que se encamina al cumplimiento de los objetivos intermedios de la Visión de País. La Visión de País contiene los principios, objetivos y metas de prioridad nacional para la gestión del desarrollo social y económico del país, con un horizonte temporal de 28 años. Los objetivos enunciados (a cada uno de los cuales corresponden varias metas) son los siguientes: 1) Honduras sin pobreza extrema, educada y sana, con sistemas consolidados de previsión social; 2) Honduras desarrollándose en democracia, con seguridad y sin violencia; 3) Honduras productiva, generadora de oportunidades y empleos dignos, que aprovecha de manera sostenible sus recursos naturales y reduce al mínimo su vulnerabilidad ambiental; 4) Honduras con un Estado moderno, transparente, responsable, eficiente y competitivo. Por otro lado el Plan de Nación (cuyo texto integral está anexo a la Ley) contiene los lineamientos estratégicos y los indicadores de avance, que deberán ser implementados en períodos sucesivos de 12 años para alcanzar los objetivos, al cabo de los cuales deberán revisarse y reformularse para el siguiente período. Los lineamientos estratégicos son: 1) Democracia, ciudadanía y gobernabilidad; 2) Reducción de la pobreza, generación de activos e igualdad de oportunidades; 3) Educación y cultura como medios de emancipación social; 4) Salud como fundamento para la mejora de las condiciones de vida; 5) Seguridad ciudadana como requisito del desarrollo; 6) Desarrollo regional, recursos naturales y ambiente; 7) Infraestructura productiva como motor de la actividad económica; 8) Estabilidad macroeconómica como fundamento del ahorro interno; 9) Competitividad, Imagen País y desarrollo de sectores productivos; 10) Adaptación y mitigación al cambio climático.
La Visión de País está centrada en el desarrollo integral del ser humano y sus derechos fundamentales. En este contexto se inserta el objetivo de garantizar a la población una vida prolongada y saludable, con un bienestar que contempla el acceso a los recursos necesarios para tener una buena calidad de vida. La erradicación del hambre es uno de los objetivos explícitos. El Plan de Nación establece como meta la consolidación de Honduras como garante de su propia seguridad alimentaria y como una potencia regional exportadora de alimentos. Cabe asimismo destacar el artículo 3º de la Ley, donde se declara el agua como un derecho humano y un recurso estratégico de prioridad nacional. Los usos del agua para mantener la vida, el funcionamiento del hogar, producción de energía, riego y otros usos comerciales en modalidades compatibles con la sostenibilidad ambiental serán regulados por el Estado y deberán ser debidamente compensados, en consonancia con lo que establece la Ley General de Agua.
El Plan de Nación reconoce la aportación económica y social de los recursos naturales a la reducción de la pobreza, el desarrollo humano y la generación de prosperidad para la sociedad hondureña. Por ello impulsa un modelo ambientalmente sustentable para el uso de los recursos naturales – agua, suelo, bosque, atmósfera –, con especial atención a la producción agroalimentaria (junto con el ecoturismo y la generación eléctrica de fuentes renovables).
Los lineamientos estratégicos del Plan de Nación dedican especial atención a las poblaciones rurales, incluidos entre los grupos más vulnerables en cuanto a situación de pobreza y falta de acceso a agua potable y recursos necesarios.
El lineamiento estratégico 6 del Plan de Nación reconoce a la sociedad civil y las comunidades como actores fundamentales en el aprovechamiento, conservación y protección del patrimonio natural del país, creando los espacios para la consolidación de consensos y tomas de decisión, que armonicen la relación entre los proyectos, los desarrolladores y el bienestar común. Por otro lado, en el marco del lineamiento estratégico 7 se asigna particular relevancia a la expansión de los sistemas de riego hasta atender las zonas productivas agrícolas.
Disminuir la vulnerabilidad ambiental y su impacto en la pobreza es otro de los objetivos enunciados. Se reconoce la relación existente entre deterioro ambiental, altos índices de pobreza y aumento de la vulnerabilidad frente a la ocurrencia de desastres naturales. Bajo esta premisa, la Visión y el Plan contemplan objetivos y metas orientadas a fortalecer la gestión ambiental y la gestión de riesgos, a través del fortalecimiento de los aspectos legales, institucionales, de planificación y aplicación de los instrumentos necesarios para mejorar la función coordinadora y normativa de las instituciones vinculadas a la gestión ambiental y a la mitigación del riesgo. El lineamiento estratégico 10 del Plan de Nación busca insertar al país en la reta de la adaptación y mitigación al cambio climático mediante el fortalecimiento institucional de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), la formulación de una política nacional y la dotación de recursos que permitan desarrollar una acción sistemática de concientización y promoción de los instrumentos económicos aprobados bajo el marco del protocolo de Kioto y los sucesivos que sean aprobados por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
A nivel de gobernanza e institucionalidad, el artículo 5º de la Ley crea las distintas Regiones de Desarrollo. Asimismo se crean el Consejo del Plan de Nación (art. 13), dependiente del Presidente de la República, el Consejo Nacional de Competitividad e Innovación (art. 14). Los Consejos Regionales de Desarrollo serán la instancia regional de diálogo y concertación entre el Gobierno Central, la Sociedad Civil, Gobiernos Locales y Comunidad de Cooperantes, orientada hacia el análisis sectorial y la formulación de propuestas ordenadas y articuladas, que faciliten una gestión pública más efectiva, ordenada y transparente en la región correspondiente (art. 25).