Ley Agraria.

La Ley Agraria de México regula la organización de la propiedad social de la tierra conforme al artículo 27 constitucional. Establece disposiciones para el desarrollo rural, el fomento agropecuario y la conservación de los recursos naturales, así como los principios que rigen los ejidos y las comunidades agrarias. Reconoce personalidad jurídica a los ejidos, define los derechos de ejidatarios y avecindados, regula la sucesión de derechos agrarios y establece los órganos de gobierno interno, particularmente la asamblea, el comisariado ejidal y el consejo de vigilancia. También incorpora disposiciones de paridad de género en la integración de órganos ejidales y en las políticas de desarrollo rural.
La ley regula la clasificación y régimen jurídico de las tierras ejidales, distinguiendo entre tierras para asentamiento humano, tierras de uso común y tierras parceladas. Define los procedimientos para su delimitación, asignación, aprovechamiento, transmisión de derechos, adopción del dominio pleno y constitución de nuevas formas asociativas. Contiene normas sobre el uso de aguas ejidales, la protección de áreas de asentamiento humano, la creación de unidades productivas para mujeres y jóvenes, la participación de ejidos y comunidades en sociedades mercantiles o civiles, y las condiciones para la expropiación por causa de utilidad pública. Asimismo, reconoce y regula las comunidades agrarias, sus órganos de representación y la protección de las tierras comunales.
La ley también establece el régimen de la pequeña propiedad agrícola, ganadera y forestal, fija límites para evitar latifundios y regula las sociedades propietarias de tierras rurales. Crea la Procuraduría Agraria como organismo de defensa y asesoría para los sujetos agrarios, y el Registro Agrario Nacional como entidad encargada del control e inscripción de derechos y actos agrarios. Finalmente, desarrolla un sistema de justicia agraria que regula los procedimientos ante los tribunales agrarios, los medios de prueba, la ejecución de sentencias y los recursos de revisión.
Entre las últimas reformas cabe destacar la de 2017, que establece que las mujeres pertenecientes a un núcleo agrario, sin importar el carácter que tengan dentro del mismo, podrán organizarse como Unidad Agrícola Industrial de la Mujer y éstas a su vez en uniones, cumpliendo con los requisitos estabecidos (ver art. 108, último párrafo).