Ley de cambio climático del Estado de Puebla.

En el marco del reconocimiento y la tutela del derecho a un ambiente sano para el desarrollo y bienestar, la presente Ley establece las normas que regulan las acciones para la mitigación y adaptación al cambio climático en el Estado de Puebla, promoviendo la transición hacia una economía verde que sea competitiva, sustentable y de bajas emisiones de carbono. La Ley establece la concurrencia de facultades del Estado y de los municipios en la elaboración y aplicación de políticas públicas para la adaptación al cambio climático y la mitigación de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero. La Ley fija los criterios que deben tenerse en cuenta para la elaboración de la política estatal de cambio climático, tanto en la política de adaptación como en la de mitigación, así como en la emisión de normas técnicas y demás disposiciones reglamentarias. Estos criterios incluyen lo siguiente: a) el respeto irrestricto al derecho de toda persona a disfrutar de un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar; b) el principio de precaución, cuando haya amenaza de daño grave o irreversible; c) la equidad en la instrumentación y aplicación de las políticas públicas en materia de cambio climático, con enfoque de género, étnico, participativo e incluyente; d) la transparencia y acceso a la información pública gubernamental en materia de cambio climático; e) la promoción del aprovechamiento racional y sostenible de los recursos naturales, a fin de garantizar el desarrollo sustentable y la mitigación de los efectos adversos del cambio climático, así como reducir la vulnerabilidad de la población; f) la eficiencia energética en todas sus actividades, así como la sustitución de energías convencionales por energías renovables en aquellos sectores sujetos al ámbito de su competencia.
El texto de la Ley se compone de los siguientes Títulos: I) Disposiciones generales; II) Distribución de competencias; III) Política estatal de cambio climático; IV) Sistema Estatal de Cambio Climático; V) Instrumentos de política estatal en materia de cambio climático; VI) De la investigación y educación para el cambio climático; VII) Transparencia y acceso a la información; VIII) De la participación social; IX) Inspección, vigilancia y sanciones.