Ley de ordenamiento territorial y desarrollo urbano del Estado de Sinaloa.

La presente Ley reglamenta la planeación, administración, fomento y control del ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y del desarrollo urbano de los centros de población en el Estado de Sinaloa. En tal sentido establece las normas y principios, disposiciones e instrumentos para la planeación y la regulación de los centros de población, ordenamiento territorial, los asentamientos humanos y del desarrollo urbano vinculados a las normas regulatorias de equilibrio ecológico y protección del medio ambiente.
En lo relativo a la participación pública, la Ley determina las bases y mecanismos que permitan la participación ciudadana en general en los procesos de planeación, con respeto a la equidad de género, con inclusión a las personas en situación de vulnerabilidad, así como transparencia en el acceso a la información en materia de asentamientos humanos.
Cabe destacar que uno de los principios rectores es el de resiliencia. En este sentido, busca propiciar y fortalecer todas las instituciones y medidas de prevención, mitigación, atención, adaptación y resiliencia que tengan por objetivo proteger a las personas y su patrimonio frente a los riesgos naturales y antropogénicos, así como evitar la ocupación de zonas de alto riesgo. Otro principio rector es el de sustentabilidad ambiental: el objetivo es priorizar el uso racional del agua, suelo y de los recursos naturales renovables y no renovables, sin comprometer la satisfacción de las necesidades de las futuras generaciones; además de evitar rebasar la capacidad de carga de los ecosistemas y que el crecimiento urbano ocurra sobre suelos agropecuarios de alta calidad, áreas naturales protegidas o bosques.
El ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano de los centros de población deberá llevarse a cabo en el marco del respeto de los derechos humanos (derecho al disfrute de ciudades sustentables, competitivas, justas, democráticas, seguras e incluyentes para el ejercicio pleno de sus derechos humanos), a través de la vinculación del desarrollo regional y urbano con el ordenamiento ecológico del territorio y con el bienestar social de la población, priorizando el respeto a la biodiversidad, a los recursos naturales y a las áreas de alta productividad agropecuaria y zonas con actividades que generan mayor valor; todo ello mediante el desarrollo planificado, participativo y congruente de los procesos de conurbación y de las zonas metropolitanas y de la estructuración interna de los centros de población, promoviendo la adecuada articulación y mezcla de usos del suelo compatibles y la dotación suficiente y oportuna de espacio público, infraestructura, equipamiento, servicios urbanos y movilidad sustentable.
El texto se divide en los siguientes Títulos: I) Disposiciones generales; II) De las autoridades; III) Órganos Deliberativos y Auxiliares; IV) Del Ordenamiento Territorial y la Planeación del Desarrollo Urbano; V) De las Regulaciones de la Propiedad en los Centros de Población y la Gestión del Desarrollo Urbano; VI) De la prevención de riesgos; VII) De la movilidad urbana sustentable; VIII) Del espacio público; IX) Del Suelo, Reservas y Regularización Territorial; X) Instrumentos de Participación Democrática y Transparencia; XI) Del Fomento al Desarrollo Urbano; XII) Del Control Del Desarrollo Urbano.