Programa Nacional de Derechos Humanos 2020-2024.

El Programa Nacional de Derechos Humanos 2020-2024 (PNDH) es un programa especial derivado del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND), cuya elaboración se enmarca en el Sistema de Planeación Democrática al que hace referencia el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El programa se elaboró con la participación de diversos actores sociales, instituciones públicas, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil, mediante un proceso de consulta amplio e incluyente. El PNDH se compone de cinco ejes rectores, 15 objetivos específicos, 35 estrategias y 100 líneas de acción, que abordan las principales problemáticas en materia de derechos humanos en el país. Se establecen mecanismos de seguimiento, evaluación y rendición de cuentas, así como indicadores de desempeño y metas para medir el avance y el impacto de las acciones implementadas
Los objetivos prioritarios son: 1. Asegurar una respuesta articulada de la Administración Pública Federal (APF) a la crisis de derechos humanos; 2. Asegurar la atención a las víctimas de violaciones graves de derechos humanos; 3. Impulsar acciones focalizadas para garantizar los derechos humanos de los grupos históricamente discriminados; 4. Mejorar la capacidad de gestión y respuesta de la APF para la protección y garantía de los derechos humanos; 5. Proporcionar herramientas y capacitación integral a las personas servidoras públicas para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos.
Dentro del Objetivo prioritario 3, cabe destacar la Estrategia prioritaria 3.1. y las relativas medidas para el pleno ejercicio de los derechos humanos de las personas, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Se contemplan, entre otras acciones puntuales, las siguientes: Incluir el conocimiento generado por personas, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas en la cultura, la educación, la ciencia y la tecnología; Articular acciones interinstitucionales para garantizar el derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado, culturalmente adecuado y de buena fe a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, en la implementación de medidas y proyectos susceptibles de afectarles. Dentro de este mismo Objetivo prioritario 3, la Estrategia prioritaria 3.4 busca generar condiciones para el pleno ejercicio de los derechos humanos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes y prevé, entre otros aspectos: implementar acciones de coordinación interinstitucional para garantizar el acceso y ejercicio de los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, con énfasis en aquellos grupos en contextos de pobreza, marginación y violencia; Fortalecer las acciones para prevenir, sancionar y erradicar el trabajo infantil; Promover la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida y complementaria hasta los dos años, fomentando las mejores prácticas de salud materna; Impulsar acciones dirigidas a prevenir la obesidad infantil mediante la promoción de cultura nutricional y actividades físicas y deportivas en el ámbito educativo.
Otras acciones que cabe mencionar son: establecer con los sectores social y privado medidas para la garantía de condiciones satisfactorias de trabajo para jornaleras y jornaleros agrícolas; Promover la adopción, aplicación y monitoreo de medidas efectivas para garantizar el respeto y la protección de los agrosistemas tradicionales de producción de alimentos y su biodiversidad; Fortalecer la coordinación interinstitucional para garantizar los derechos a la tierra, territorio, recursos naturales y patrimonio biocultural de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, respetando sus sistemas normativos y cosmovisiones; Asegurar el acceso universal al agua potable, gestionando medidas de control, sanción y remediación para garantizar la calidad en los cuerpos de agua, priorizando zonas rurales y remotas.