Ley Nº 693 - Ley de soberanía y seguridad alimentaria y nutricional. Texto consolidado.

La presente Ley, consolidada al año 2020, garantiza el derecho de todas las personas a una alimentación suficiente, nutritiva, inocua, accesible y culturalmente adecuada, con equidad de género y sin discriminación. Reconoce la soberanía alimentaria como el derecho de los pueblos y del Estado a definir sus propias políticas de producción, distribución y consumo, priorizando la pequeña y mediana producción nacional. La ley promueve la participación ciudadana, la sostenibilidad ambiental y la coordinación interinstitucional para alcanzar seguridad alimentaria y nutricional a través de políticas integrales, descentralizadas y sostenidas.
Para ello, crea el Sistema Nacional de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (SINASSAN), conformado por entidades estatales, gobiernos locales, sociedad civil, sector privado y comunidades indígenas, con presencia en todos los niveles territoriales. Su órgano rector es la CONASSAN, presidida por el Presidente de la República, y operativizada por la SESSAN, encargada de articular políticas, planes y proyectos. El sistema también contempla instrumentos como el Fondo Nacional de Emergencia Alimentaria (FONASSAN), mecanismos de monitoreo, incentivos económicos y sanciones para garantizar el cumplimiento de la ley.
La ley establece principios como equidad, eficiencia, transparencia, precaución y prevención, y articula cinco subsistemas: alimentario, nutricional, educativo, ambiental e institucional. Cada uno es coordinado por ministerios específicos en conjunto con actores clave, buscando erradicar el hambre, reducir la desnutrición infantil, promover prácticas alimentarias saludables y proteger los recursos naturales. Además, reconoce el derecho a la alimentación como derecho humano fundamental y establece mecanismos administrativos y judiciales para su defensa.