Decreto Nº 179 - Crea el Consejo Nacional de Transparencia Contra la Corrupción.

El presente Decreto crea el Consejo Nacional de Transparencia Contra la Corrupción, como un organismo consultivo y asesor del Ejecutivo para las políticas públicas de transparencia y prevención de la corrupción. El Consejo estará orientado por los siguientes principios: 1) El respeto al orden constitucional y legal como base para una convivencia armónica; 2) Abordar de manera integral el problema de la corrupción; 3) Reconocer la transparencia como instrumento para facilitar a la ciudadanía el acceso a la información pública, que debe ser de calidad, confiable y de relevancia suficiente para satisfacer sus intereses generales; 4) Destacar que los ciudadanos son los beneficiarios legítimos de la Administración; 5) Reconocer la rendición de cuentas horizontal como fuente de dispersión del poder; 6) Reconocer que la ineficiencia y la corrupción de la Administración afecta principalmente a los grupos más vulnerables de la sociedad; 7) La cercanía y buena comunicación entre la Administración y los ciudadanos/usuarios favorecen una gestión gubernamental realista y pertinente; 8) El logro del bien común contribuye a la consolidación de una cultura ética nacional.
Entre los objetivos y funciones del Consejo, cabe señalar: Son objetivos del Consejo: i) Garantizar una gestión pública transparente, eficiente y eficaz que contribuya al desarrollo sostenible; ii) Contribuir a que la administración del Estado se ejecute en un marco de legalidad e integridad en el que los derechos de los ciudadanos estén protegidos; iii) Vigilar que las estrategias de desarrollo nacional brinden beneficios generales a la nación de forma comprensiva e incluyente; iv) Asesorar al Ejecutivo para el establecimiento de políticas públicas de combate a la corrupción que garanticen una gestión pública transparente; v) Examinar y aconsejar a las entidades públicas y privadas sobre prácticas que puedan involucrar actos de corrupción que están facilitando sus propios sistemas y recomendar formas para combatirlas; vi) Recibir los informes, observaciones y sugerencias que presenten los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil, y remitirlos a las entidades involucradas para su atención; vi) Solicitar a las entidades públicas informes sobre el cumplimiento de sus metas en materia de combate a la corrupción.