Resolución No. DM-0037-2026 - Por la cual se adopta la Hoja de Ruta para la Implementación de la Ley 125 de 4 de febrero de 2020, Por la cual se aprueba el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, hecho en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018.

La presente Resolución, del Ministerio de Ambiente de Panamá, adopta oficialmente la Hoja de Ruta para la Implementación de la Ley 125 de 2020, mediante la cual el país aprobó el Acuerdo de Escazú. Este acuerdo regional busca garantizar el acceso a la información ambiental, la participación pública en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, además de proteger a las personas defensoras de derechos humanos en esta materia. La resolución formaliza la adopción de la hoja de ruta, dispone su presentación ante la Conferencia de las Partes y establece que cada entidad responsable deberá ejecutar las acciones prioritarias previstas.
El documento explica que Panamá ratificó el Acuerdo de Escazú en 2020 y que este entró en vigor en 2021, consolidando un marco ya fortalecido por normas nacionales sobre transparencia, ambiente y derechos fundamentales. La hoja de ruta fue elaborada con apoyo técnico de la CEPAL y bajo la coordinación de un Comité Directivo integrado por el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la ANTAI y la Procuraduría de la Administración. Su elaboración incluyó una línea de base normativa y un amplio proceso participativo con talleres, consulta pública y reuniones bilaterales, recibiéndose 171 aportes de 85 participantes.
La hoja de ruta contiene un análisis del marco jurídico panameño frente a las obligaciones del Acuerdo de Escazú, identificando avances y brechas en materia de información ambiental, participación pública, acceso a la justicia y protección de personas defensoras. También define una estructura de gobernanza para su implementación, un mapa de actores relevantes y un conjunto de acciones prioritarias que el Estado se compromete a desarrollar, así como aportes que Panamá puede ofrecer en el ámbito de la cooperación regional.