Ley Nº 30787 - Ley que incorpora la aplicación del enfoque de derechos en favor de las personas afectadas o damnificadas por desastres.

La presente Ley, que incorpora la aplicación del enfoque de derechos en favor de las personas afectadas o damnificadas por desastres, tiene por objeto promover la aplicación de un enfoque de derechos a favor de las personas afectadas o damnificadas por desastres, mediante la respuesta, rehabilitación y reconstrucción de los servicios e infraestructura de uso público afectados por estos. Las disposiciones de la presente Ley son de aplicación y obligatorio cumplimiento para todas las entidades y empresas públicas de todos los niveles de gobierno, así como el sector privado y la ciudadanía, en general, que intervienen en las acciones de gestión del riesgo de desastres, conforme a lo dispuesto en la Ley Nº 29664 y normas conexas. Son considerados de atención prioritaria: los derechos a la vida, alimentación, salud, educación, vivienda, el acceso a la justicia y seguridad ciudadana, y protección del interés social y económico de las personas; así también, el acceso al agua y los servicios de saneamiento e infraestructura de transporte. Las personas afectadas o damnificadas por desastres tienen derecho a una respuesta inmediata del Estado, sin distinción alguna.
El enfoque de derechos implica el reconocimiento de todas las personas afectadas o damnificadas por desastres como titulares de derechos y el deber del Estado de promover, respetar y proteger los derechos humanos de dichas personas, propiciando su restitución en el más breve plazo. Toda planificación y acciones que se desarrollen en el marco de la gestión del riesgo de desastres deben aplicar el enfoque de derechos, privilegiando la promoción, respeto y protección de los derechos fundamentales afectados por el desastre. Esta aplicación preferente del enfoque de derechos debe ser entendida como prioridad en las acciones de respuesta, rehabilitación y reconstrucción. Esto con la finalidad de restituir de manera inmediata los derechos fundamentales vulnerados como consecuencia del desastre, con un sentido de sostenibilidad de desarrollo en lo social, económico y ambiental, fortaleciendo las capacidades para reducir la vulnerabilidad ante futuros riesgos. La implementación de mecanismos efectivos para la recepción de denuncias sustentadas en la vulneración de los derechos fundamentales de las personas afectadas o damnificadas por desastres se promueve en los distintos niveles de gobierno.