Resolución Nº 027-2017-OEFA ─ Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).

La presente Resolución aprueba el Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), que tiene por objeto regular el procedimiento administrativo sancionador y el dictado de las medidas cautelares y correctivas en el marco de la función fiscalizadora y sancionadora del OEFA, así como el alcance de los Registros de Actos Administrativos y de Infractores Ambientales. Las disposiciones del presente Reglamento son aplicables a toda persona natural o jurídica, patrimonio autónomo, sociedad irregular, forma asociativa de empresa u otro tipo de sujeto de derecho que desarrolla actividades económicas sujetas al ámbito de competencia del OEFA. Las sanciones aplicables son: amonestación, multa, y otras establecidas en la normativa vigente.
Las autoridades involucradas en el procedimiento administrativo sancionador son las siguientes: 1) Autoridad Supervisora, que es la Dirección de Supervisión, encargada de elaborar el Informe de Supervisión que contiene los resultados de la supervisión y la recomendación del inicio del procedimiento administrativo sancionador; 2) Autoridad Instructora, que es la Subdirección de Instrucción e Investigación de la Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos, facultada para desarrollar las acciones de instrucción y actuación de pruebas, imputar cargos y emitir el Informe Final de Instrucción; 3) Autoridad Decisoria, que es la Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos, la cual constituye la primera instancia y es competente para determinar la existencia de responsabilidad administrativa, imponer sanciones, dictar medidas cautelares y correctivas, así como para resolver el recurso de reconsideración interpuesto contra sus resoluciones; 4) Tribunal de Fiscalización Ambiental, que es el órgano resolutivo del OEFA que ejerce funciones como segunda y última instancia administrativa, con competencia para pronunciarse sobre los recursos de apelación interpuestos contra las resoluciones emitidas por la Autoridad Decisoria, las quejas por defectos de tramitación y otras funciones que le asigne la normativa de la materia.