Decreto Nº 856 - Ley de procedimientos administrativos.

La presente Ley establece las normas y principios que rigen los procedimientos administrativos. Sus disposiciones se aplican al Órgano Ejecutivo y sus dependencias, a las entidades autónomas y demás entidades públicas; a las municipalidades; a los Órganos Legislativo y Judicial; la Corte de Cuentas de la República; la Procuraduría General de la República; la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos; la Fiscalía General de la República; el Consejo Superior de Salud Pública; el Tribunal Supremo Electoral; en general, a cualquier institución de carácter público, cuando excepcionalmente ejerza potestades sujetas al derecho administrativo. Asimismo, la Ley se aplica a los concesionarios de la Administración Pública.
Cabe señalar que no se derogan los procedimientos administrativos en materia tributaria y aduanal, de prestaciones de seguridad social, de expropiación forzosa, procedimientos seguidos por la administración militar, procedimientos de selección del contratista y procedimientos relativos al medio ambiente, los cuales se regirán por lo dispuesto en su Ley Especial. En todo lo no previsto se aplicará lo establecido en esta Ley.
La Ley consta de los siguientes Títulos: I) Normas generales, derechos de la persona frente a la Administración y empleo de las nuevas tecnologías; II) Régimen jurídico de los actos de la Administración pública; III) Del procedimiento; IV) De los recursos; V) De la potestad sancionadora; VI) Procedimiento para el ejercicio de la potestad normativa; VII) Disposiciones finales.