Política Nacional de Protección al Consumidor 2010-2020.

La Política Nacional de Protección al Consumidor es un instrumento de alcance nacional, relativo al período 2010-2020, que establece las estrategias y lineamientos a implementar con el fin de mejorar el bienestar de los consumidores de El Salvador, protegiendo sus derechos e intereses, a través del efectivo funcionamiento del Sistema Nacional de Protección al Consumidor. Se reconoce explícitamente el derecho a la salud del consumidor, y a la seguridad de los bienes y servicios que adquiere. El documento se estructura alrededor de los siguientes Ejes estratégicos: 1) Protección de la Salud y de la Seguridad en el consumo de bienes y servicios; 2) Protección de los intereses económicos de las y los consumidores, incluyendo medidas que les permitan obtener compensación; 3) Difusión y acceso a información, que tome en cuenta las necesidades de los distintos grupos y sectores y promuevan el consumo sostenible de bienes y servicios; 4) Promoción de la educación formal e informal de los consumidores en materia de consumo sostenible, así como la capacitación a los proveedores en el cumplimiento de la normativa relacionada con la protección al consumidor; 5) Fomento de la participación organizada de los consumidores en la defensa de sus intereses; 6) Promoción de la adopción de patrones de consumo sostenibles desde las perspectivas ambiental, económica y social. Entre los principios rectores de la Política cabe destacar el principio de sostenibilidad, el cual tiene una doble connotación: por una parte se refiere a que la Política Nacional debe contribuir al uso y consumo de bienes y servicios que respondan a necesidades básicas y proporcionan una mejor calidad de vida, y que al mismo tiempo minimizan el uso de recursos naturales, materiales tóxicos y emisiones contaminantes, de tal manera que no se ponen en riesgo las necesidades de futuras generaciones; por otra parte, se refiere a que la Política logre activar intrínsecamente mecanismos que le permitan mantenerse y desarrollarse en el tiempo, siendo fundamental para ello, el funcionamiento efectivo del Sistema Nacional de Protección al Consumidor.
El documento persigue vigilar de forma coordinada entre las instituciones del Sistema Nacional de Protección al Consumidor el cumplimiento de normas técnicas obligatorias, especialmente las relacionadas con la calidad, la inocuidad y el etiquetado. Asimismo, busca implementar un sistema de alerta sobre bienes y servicios que impliquen un riesgo para la salud y la seguridad de los consumidores, como así también fomentar la adopción y el cumplimiento tanto de códigos de buenas prácticas, en el ámbito empresarial, como de cartas de derecho de los usuarios en el caso de los servicios públicos prestados por entidades del Estado.