Acto Legislativo 01 de 2017 - Por medio del cual se crea un título de disposiciones transitorias de la constitución para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera y se dictan otras disposiciones.

El presente Acto Legislativo introduce un nuevo título transitorio a la Constitución Política con el fin de regular la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera, en el marco del Acuerdo Final con las FARC-EP. El núcleo de esta reforma es el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), conformado por mecanismos como la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y medidas de reparación integral. Este sistema parte del reconocimiento de las víctimas como sujetos de derechos, prioriza la justicia restaurativa y se rige por principios de verdad, responsabilidad, reparación y garantías de no repetición, incluyendo enfoques diferenciales, territoriales y de género.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) será un órgano judicial autónomo y temporal, con competencias exclusivas y preferentes para conocer delitos relacionados directa o indirectamente con el conflicto armado cometidos antes del 1º de diciembre de 2016. La JEP se estructura en salas y secciones con funciones específicas, incluyendo amnistías, revisión de sentencias y definición de situaciones jurídicas. Su competencia se extiende a combatientes, agentes del Estado y terceros que hayan tenido participación determinante en graves violaciones a los derechos humanos. Se establece un régimen especial para agentes del Estado y miembros de la Fuerza Pública, con tratamientos diferenciados y garantizando derechos como la participación política. La JEP también podrá revisar sentencias anteriores y sustituir sanciones impuestas por la justicia ordinaria si se cumplen las condiciones del sistema.
Finalmente, el acto contempla medidas sobre reparación integral, participación política y extradición. Se prohíbe la extradición por hechos relacionados con el conflicto hasta su terminación, protegiendo a excombatientes de las FARC-EP. Se garantiza que las sanciones de la JEP no inhabilitarán para ejercer derechos políticos ni profesionales. También se prevé un tratamiento diferenciado para la Fuerza Pública, incluyendo sanciones en establecimientos específicos y exclusión de acciones de repetición contra ellos. Se asegura la prevalencia del Acuerdo Final sobre cualquier norma futura que contradiga sus disposiciones y se modifican artículos constitucionales para garantizar la aplicación de criterios de selección y priorización en la justicia transicional. Todo esto está orientado a garantizar la verdad, justicia, reparación, no repetición y la consolidación de la paz.