Ley 1592 de 2012 - Por medio de la cual se introducen modificaciones a la Ley 975 de 2005 “por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios” y se dictan otras disposiciones.

La presente Ley reforma la Ley 975 de 2005 (Ley de Justicia y Paz) para fortalecer los mecanismos de investigación, procesamiento y sanción de los miembros desmovilizados de grupos armados organizados al margen de la ley, en el contexto de su reintegración y contribución a la paz nacional. Introduce criterios de priorización para investigar patrones de macrocriminalidad y garantiza la participación efectiva de las víctimas, a quienes se reconoce un enfoque diferencial según su condición particular (género, edad, etnia, etc.). Las víctimas tienen derecho a la verdad, la justicia y la reparación integral, y se amplía su definición para incluir también a los familiares y miembros de la fuerza pública afectados por el conflicto.
La ley establece procedimientos para la exclusión de desmovilizados que incumplan sus compromisos o reincidan en delitos, y detalla el proceso para la entrega, administración y extinción de dominio de bienes con vocación reparadora, es decir, aquellos aptos para compensar a las víctimas. También se desarrollan mecanismos de restitución de tierras y colaboración entre la Fiscalía General de la Nación y entidades como la Unidad de Restitución de Tierras, en función de esclarecer casos de despojo. Se fomenta la colaboración de los postulados mediante versiones libres, confesiones colectivas y entrega de bienes, y se regulan las medidas cautelares sobre estos activos.
Además, la ley contempla beneficios como la sustitución de la medida de aseguramiento o la suspensión de penas ordinarias para quienes cumplan requisitos específicos de tiempo de reclusión, buena conducta y contribución al proceso judicial. También se precisan los actos simbólicos y materiales que deben realizar los desmovilizados como contribución a la reparación de las víctimas, incluyendo declaraciones públicas, participación en actos de memoria y localización de desaparecidos. Finalmente, se regula la competencia de los magistrados, los recursos procesales y las medidas para facilitar la participación judicial de postulados que se encuentren en el exterior, promoviendo así la efectividad de los derechos de las víctimas y la consolidación de la paz.