Plan Nacional para la Gestión del Riesgo 2010-2015.

El Plan Nacional para la Gestión del Riesgo es un instrumento de planificación estratégica que procura poner en aplicación la política de gestión del riesgo, mediante la articulación integral de los procesos relacionados con la gestión del riesgo, bajo el concepto de susbsistemas dentro un Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, para delimitar las competencias institucionales y a partir de estas orientar la asignación de los recursos, la organización y los mecanismos de verificación y control. El plan tiene un ámbito de aplicación nacional que delimita responsabilidades para las instituciones públicas y tiene una vigencia de seis años, del 2010 al 2015. Se define como objetivo general reducir la vulnerabilidad de la población costarricense, las causas de las pérdidas de vidas humanas y las consecuencias sociales, económicas y ambientales inducidas por las amenazas de origen natural y antrópico que afecten el territorio nacional de Costa Rica. El instrumento presenta la gestión del riesgo con un enfoque basado en los derechos humanos, la equidad de género, la participación pública y el desarrollo sostenible. Las líneas de acción se desarrollan sobre los siguientes ejes: 1) Reducción de la pobreza y generación de la resiliencia; 2) Mecanismos e instrumentos normativos para la gestión del riesgo; 3) Desarrollo e inversión en la infraestructura pública; 4) Participación y desconcentración para la gestión local del riesgo; 5) Desarrollo, difusión del conocimiento y aplicación de las tecnologías apropiadas; 6) Preparativos y respuesta para enfrentar situaciones de emergencia y desastres; 7) Recuperación y reconstrucción ante los desastres.
El primer eje sobre el que descansa el Plan es el de la reducción de la pobreza, reconociéndose la relación directa entre pobreza y desastre, y siendo la población pobre la principal víctima de los mismos, es decir, aquellas personas en las cuales el riesgo a desastres se consuma.
El Plan brinda especial atención a las poblaciones rurales, reconociendo que el mayor porcentaje de pobreza está en las zonas rurales y no en las zonas urbanas.
Uno de los objetivos estratégicos del Plan es el de aumentar la resiliencia de la población vulnerable y excluida del país, mediante la inclusión de iniciativas para la gestión del riesgo en los programas sociales de reducción de la pobreza, con el fin de reducir los efectos de las amenazas naturales y antrópicas que generan desastres y mejorar las condiciones de vida de la población en situación de pobreza extrema, vulnerabilidad y exclusión social. Los lineamientos de la política dentro de este eje son los siguientes: a) promover y orientar la inclusión de la gestión del riesgo en los programas y proyectos de desarrollo social y económico, con énfasis en la atención de las personas, hombres y mujeres, población vulnerable a las amenazas naturales y antrópicas; b) promover los principios del ordenamiento territorial y de la zonificación de las amenazas naturales para la reubicación de las poblaciones expuestas e impulsar la construcción de asentamientos humanos en sitios y condiciones seguras; c) identificar y formular propuestas de proyectos o programas de gestión institucional para la atención de la población con algún tipo de vulnerabilidad social y a la población indígena, tanto en la prevención de desastres como en la respuesta a emergencias; d) crear capacidades y fortalezas para el desarrollo de las acciones relacionadas con los preparativos y respuesta a las emergencias y a los desastres, incorporando el enfoque de derechos y la perspectiva de género. El eje nº 6 (Preparativos y respuesta para enfrentar situaciones de emergencia y desastres) y tiene por lineamiento general mejorar continuamente la respuesta de las instituciones integrantes del Subsistema de Preparativos y Respuesta mediante protocolos y procedimientos actualizados, funcionales y dinámicos, bajo la debida verificación y control de calidad de las acciones que Desarrollan. Dentro de las acciones estratégicas se contempla desarrollar un programa permanente de promoción, organización y capacitación para fortalecer los preparativos y la capacidad de respuesta, además de la organización y puesta en marcha de los comités de emergencia en las instituciones y municipalidades.