Decreto Nº 35/2021 - De la Comercialización de Productos Agropecuarios.

El presente Decreto tiene por objeto establecer las regulaciones sobre el proceso de comercialización mayorista y minorista de productos agropecuarios. El Decreto se aplica a las personas naturales y jurídicas que participan en la producción, acopio, beneficio, procesamiento, distribución y comercialización de productos agropecuarios. Son objetivos específicos: a) Flexibilizar la comercialización de productos agropecuarios para los diferentes destinos; b) Sustentar la comercialización de productos agropecuarios con un enfoque de cadena de valor; c) Introducir incentivos para la producción, el acopio y la comercialización de productos agropecuarios que repercutan en el incremento de la producción; d) Implementar para el abastecimiento al consumo social, los comités de compras públicas, con el uso de las licitaciones y el establecimiento de un sistema de evaluación de los proveedores; e) Elevar el valor agregado de los productos agropecuarios que se ofertan, el uso de un sistema marcario y de unidades de medidas, la variedad de empaque y calidades en cumplimiento de las normas que garanticen la inocuidad de los productos; f) Mantener una actualización y divulgación semanal de los precios, en correspondencia con los costos y el comportamiento del mercado; y g) Crear mercados de nuevo tipo que impacten con una nueva imagen, limpieza, organización, variedad de ofertas y servicios.
La comercialización de la producción agropecuaria se rige por los principios siguientes: a) Equidad: la contratación de la producción agropecuaria tiene como destino todas las formas de comercialización existentes; b) Autonomía de la gestión: todas las formas de comercialización operan con autonomía en su gestión; se establece sobre la base de la coexistencia armónica un régimen de competitividad que permita elevar la eficiencia en la actividad; c) Prioridad: los intereses del Estado se definen en los balances a todos los niveles: municipal, provincial y nacional; y d) Regulación y control del Estado sobre el seguimiento y control de la producción, la contratación, el establecimiento de las prioridades en los destinos, los balances de productos, el control de los precios, la comercialización en condiciones excepcionales, la siembra y el uso de la tierra.