Ley Orgánica para el Fortalecimiento de las Áreas Protegidas.

La presente Ley tiene como objetivo garantizar la sostenibilidad financiera y ambiental del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador, fortalecer la conservación de la biodiversidad y promover el desarrollo local en armonía con los derechos de la naturaleza y las comunidades. Para ello, crea el Servicio Nacional de Áreas Protegidas como entidad pública autónoma y especializada, establece la posibilidad de constituir fideicomisos públicos para financiar su gestión, y regula la intervención de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en casos de amenazas a la seguridad de estas zonas. Asimismo, promueve actividades turísticas, educativas, científicas y de restauración ambiental dentro de límites estrictos, prohibiendo la privatización o explotación de recursos no renovables en áreas protegidas.
La Ley también fomenta la cooperación con pueblos y comunidades indígenas, priorizando su participación en la gestión y prestación de servicios en dichas áreas, además de garantizar la profesionalización progresiva de los guardaparques. Incluye disposiciones económicas y financieras como la condonación de deudas en ciertos casos, beneficios para pescadores artesanales, y mecanismos de apoyo al crédito productivo. Finalmente, introduce reformas en normativa conexa (movilidad humana, régimen tributario, aviación civil, servicio público), destacando la extensión de permanencia de turistas suramericanos y la exoneración tributaria para vehículos eléctricos.