Real Decreto 665/2023, de 18 de julio, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril; el Reglamento de la Administración Pública del Agua, aprobado por Real Decreto 927/1988, de 29 de julio; y el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados.

Este real decreto, publicado en agosto de 2023, introduce una importante modificación de la normativa española de aguas (el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, entre otros). Su objetivo principal es doble: por un lado, modernizar y simplificar la gestión del agua a través de la digitalización y la reducción de cargas administrativas; por otro, reforzar la protección de las masas de agua, especialmente las subterráneas, frente a la contaminación y el cambio climático.
En cuanto a la simplificación y digitalización, el decreto apuesta por la declaración responsable en lugar de la autorización previa para muchas actividades de bajo impacto en los cauces y sus zonas de policía (como podas, retirada de escombros o pequeñas reparaciones). Esto agiliza los trámites y libera carga de trabajo a las confederaciones hidrográficas. También se impulsa la transmisión electrónica de datos sobre consumos y vertidos, para que los organismos de cuenca conozcan en tiempo real el estado de los recursos.
En materia de protección de las aguas, destaca especialmente una nueva regulación detallada para las aguas subterráneas. Se establecen por primera vez criterios técnicos para la construcción y el sellado de pozos, se crea un procedimiento para declarar y actuar ante episodios de contaminación puntual de acuíferos, y se mejora la definición de perímetros de protección para las captaciones de agua de consumo humano, prohibiendo en ellos actividades contaminantes.
Otros avances significativos incluyen: el control de la contaminación difusa, con nuevas normas para la gestión de estiércoles y fitosanitarios en zonas próximas a cauces; la gestión de inundaciones, mejorando la cartografía de zonas inundables y estableciendo limitaciones más claras a los usos del suelo en zonas de flujo preferente para garantizar la seguridad de personas y bienes; los vertidos urbanos en episodios de lluvia, introduciendo la obligación de elaborar "Planes Integrales de Gestión del Sistema de Saneamiento" para grandes núcleos urbanos, con el fin de controlar y reducir la contaminación que provocan los desbordamientos de los colectores en tiempo de lluvia; nuevas figuras, como el inventario de cauces públicos y un régimen jurídico para la recarga artificial de acuíferos.