Política de seguridad alimentaria y nutricional de largo plazo, con participación ciudadana.

El presente documento contiene la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional, la cual tiene cobertura nacional y presenta una visión multisectorial de largo plazo, cuyo objetivo es el de contribuir a garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de todo el pueblo hondureño, en especial de aquellos en situación de mayor pobreza y vulnerabilidad. El documento está enmarcado en la Estrategia para la Reducción de la Pobreza y apunta al reto de contribuir a alcanzar sus metas, así como a lograr las Metas de Desarrollo del Milenio, particularmente las que se refieren a reducir a la mitad la proporción de la población que sufre de hambre y reducir la mortalidad en menores de cinco años en dos tercios.
La Política tiene por objetivo explícito eliminar la inseguridad alimentaria y nutricional de la población. No se considera la seguridad alimentaria únicamente en términos de producción, sino también en términos de acceso, disponibilidad, consumo y utilización biológica. A tal respecto el documento incluye un diagnóstico de la seguridad alimentaria y nutricional de la población, e identifica las variables que inciden en la vulnerabilidad alimentaria y nutricional. Se identifican las principales causas de la inseguridad alimentaria derivada de la ingesta de alimentos y de aquella derivada de la inseguridad de ingresos y el autoconsumo (véase la Parte II).
Uno de los objetivos específicos consiste reducir en los riesgos de inseguridad alimentaria en las familias en condiciones de extrema pobreza, mediante la promoción de buenas prácticas de alimentación. En el punto F de la Parte II el documento indica la brecha entre áreas urbanas y rurales, indicando la menor productividad de los trabajadores agrícolas y la disminución de la ocupación como factor de la mayor vulnerabilidad de las poblaciones rurales.
El documento contempla también la importancia de incrementar la resiliencia de los medios de vida ante las catástrofes. En este sentido promueve el desarrollo de programas orientados a reducir la vulnerabilidad de los hogares más pobres, mediante acciones orientadas a apoyar la producción de alimentos para subsistencia y autoconsumo, que tengan un real impacto en disminuir la inseguridad alimentaria, en especial la derivada de variaciones estacionales en la disponibilidad de alimentos. Para ello se requiere crear sistemas de alerta temprana, para prevenir situaciones de riesgo tales como los riesgos climáticos en zonas de concentración de productores y trabajadores agrícolas pobres (autoconsumo), o situaciones de crisis económica. En casos de catástrofes, se requiere adoptar medidas de asistencia temporal, focalizadas en los grupos de alto riesgo, para mitigar eventuales reducciones en el consumo de alimentos mientras subsistan las condiciones de emergencia.
El punto E de la Parte III define el marco institucional para la ejecución y el seguimiento de la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional.