Ley General de Desarrollo Social.

La presente Ley General de Desarrollo Social tiene como objetivo principal garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales consagrados en la Constitución, asegurando que toda la población tenga acceso al desarrollo social. Para ello, establece las obligaciones del gobierno, define los principios y lineamientos generales de la política nacional en la materia, y crea el Sistema Nacional de Desarrollo Social, en el que participan los gobiernos federal, estatales y municipales, así como los sectores social y privado.
La ley señala derechos fundamentales como la educación, salud, alimentación nutritiva y de calidad, vivienda digna, medio ambiente sano, trabajo y seguridad social, prohibiendo cualquier práctica discriminatoria en la prestación de bienes y servicios sociales. Además, promueve la participación activa de la sociedad y de los beneficiarios en la planeación, ejecución y evaluación de las políticas y programas de desarrollo social. Se establecen mecanismos de financiamiento, transparencia, rendición de cuentas y evaluación periódica de los programas, con especial atención a las zonas de atención prioritaria y a los grupos en situación de vulnerabilidad.
De manera específica, la ley regula la integración y funcionamiento de órganos como el Consejo Nacional de Evaluación, la Comisión Nacional y la Comisión Intersecretarial, encargados de coordinar, evaluar y proponer políticas públicas en la materia. Define criterios para la medición de la pobreza, la distribución de recursos y la ejecución de programas, asegurando que los fondos destinados al desarrollo social sean prioritarios y no sufran disminuciones injustificadas. Asimismo, reconoce la figura de la Contraloría Social y la denuncia popular como instrumentos para la vigilancia y defensa de los derechos sociales, garantizando la transparencia y la participación ciudadana en el seguimiento de los recursos y acciones del desarrollo social.