Ley Nº 30987 - Ley que fortalece la planificación de la producción agraria.

La presente Ley tiene por finalidad fortalecer la transferencia de información estadística agraria, articulando el acceso a la misma por parte de todos los niveles de gobierno y los diferentes actores del sector agrario, en concordancia con el Sistema Integrado de Estadística Agraria (SIEA), para la planificación de la producción agraria en el país. A tal fin, se incorporan en los planes operativos de los gobiernos regionales y gobiernos locales la actividad del Sistema Integrado de Estadística Agraria (SIEA), con la finalidad de garantizar la generación, distribución y difusión de la estadística agraria para la operativización de la planificación agraria mediante la concertación en los diferentes niveles de gobierno, que será dirigida y organizada por el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI).
La planificación de la agricultura comprende diversos planes entre los que tenemos el mapeo de cultivos, la utilización efectiva de la parcela considerando las cuotas por áreas geográficas, la diversificación y la rotación de cultivos, el control de plagas, monitoreo, método de siembra, capacitación y cosecha. El MINAGRI utiliza la información estadística agraria para fortalecer la planificación de la producción agraria nacional, en base a la demanda del mercado interno y la producción para la exportación, proponiendo y fomentando cuotas territoriales de producción. Los tres niveles de gobierno promueven, a través de sus organismos especializados, espacios de coordinación e interacción para realizar propuestas de investigación que generen conocimiento, desarrollo de tecnologías y fomenten la productividad, competitividad, rentabilidad y sostenibilidad de la actividad agrícola. La investigación se articula mediante la relación con universidades, institutos y centros de investigación.
Se crea el Padrón de Productores Agrarios y sus Organizaciones en las Cadenas de Valor, el cual constituye una relación nominada y autenticada de personas naturales y jurídicas que participan en la actividad agraria y pecuaria, orientado a la identificación de los beneficiarios de los servicios considerados en los programas presupuestales del sector agrario y otras intervenciones públicas con el objetivo de mejorar la calidad del gasto público.