Plan Quinquenal de Desarrollo 2010 - 2014.

El Plan Quinquenal de Desarrollo 2010 – 2014 es un documento de planificación estratégica para la búsqueda del desarrollo sostenible nacional y una herramienta para construir y evaluar políticas públicas del Estado. El Plan se propone una cobertura nacional e intersectorial que asegure la coherencia y coordinación de la acción gubernamental. Si bien el Plan se circunscribe al período 2010-2014, las políticas y medidas que lo componen están fundamentadas en una visión de largo plazo cuyo horizonte es el año 2024. El Plan, que se propone la consolidación y la profundización del régimen democrático y la construcción de un modelo de desarrollo socioeconómico productivo, eficiente, incluyente y sostenible, pone al centro la reducción significativa y verificable de la pobreza, de la desigualdad económica y de género, y de la exclusión social. El Plan se sustenta sobre los desafios estratégicos para el 2024, y se estructura en base a áreas prioritarias, objetivos principales y metas del quinquenio. Los instrumentos principales de intervención para alcanzar los objetivos y las metas, son: a) el Sistema de Protección Social Universal y las políticas sociales estratégicas; b) el Sistema Financiero de Fomento para el Desarrollo; c) las políticas públicas macroeconómicas y sectoriales; d) la estrategia de desarrollo productivo; e) las políticas de seguridad; y f) la inversión pública en programas y proyectos estratégicos. Entre las áreas prioritarias del Plan, resaltan: 1) la reducción significativa y verificable de la pobreza, la desigualdad económica y de género y la exclusión social; 2) la prevención efectiva de la violencia social y de género; 3) la reactivación económica, reconversión y modernización del sector agropecuario, y la generación de empleo decente; 4) la creación de las bases de un modelo de crecimiento y de desarrollo integral; 5) la gestión eficaz de riesgos ambientales, la reconstrucción de la infraestructura y recuperación del tejido productivo y social dañado por efectos de la tormenta Ida; 6) la construcción la participación social organizada en el proceso de formulación de las políticas públicas (Parr. 51). El Plan define, entre otros, los siguientes objetivos generales: a) revertir la tendencia del aumento de la pobreza y ampliar la cobertura de los servicios sociales básicos tanto en las zonas rurales como en las urbanas, en especial para la población en condición de mayor vulnerabilidad, sobre todo para las mujeres; b) proteger el poder adquisitivo de la población y mejorar la racionalización de los subsidios de tal manera que beneficien a los sectores que realmente los necesita; c) aumentar la producción nacional para el consumo interno y la exportación, y disminuir la dependencia de las importaciones de alimentos y de productos agroalimentarios; d) promover la creación de empleos decentes; e) impulsar una reforma administrativa del Estado que permita su desconcentración y su descentralización; f) reconstruir el tejido social y productivo dañado por fenómenos naturales y promover el sistema de protección civil y un sistema de alerta temprana y de prevención y de manejo de riesgos; g) ampliar la infraestructura económica y social, sobre todo en las zonas rurales (Parr. 53). Con base en los objetivos anteriores, el Plan presenta las metas macroeconómicas, entre las que cabe mencionar: i) reducir la pobreza entre 12 y 15 puntos porcentuales, tanto en las zonas urbanas como en las rurales; ii) generar nuevos empleos decentes, temporales y permanentes, mediante la ejecución de proyectos de inversión pública; iii) alcanzar una cobertura del 95 por ciento del servicio de electrificación rural en los 100 municipios más pobres del país; iv) aumentar la cobertura de agua potable en un 8 por ciento al final del período en los 100 municipios más pobres (Parr. 54).
El Plan se propone el aumento de la inversión en salud, educación, capacitación laboral, seguridad alimentaria y nutricional, conocimiento e innovación y reducción de las desigualdades de género (Parr. 50). Como parte del Sistema de Protección Social Universal y de las políticas sociales estratégicas (salud, educación, vivienda y asistencia social), se prevé la ampliación del Programa de Alimentación Escolar a centros educativos públicos de las áreas urbanas, asi como la reactivación del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional.
El Plan considera que el logro de los objetivos y de las metas depende en buena medida de la reactivación y modernización del sector agropecuario. Esto implica cambiar de forma drástica las políticas dirigidas al sector agropecuario y poner en marcha medidas encaminadas a su revalorización, a fortalecer la seguridad alimentaria, a democratizar las oportunidades de desarrollo y a incrementar la producción, el empleo y los ingresos de las familias rurales (Parr. 199). El Plan enumera los principales retos que enfrenta el sector agropecuario: a) reducir la desigualdad y los desequilibrios territoriales, sectoriales y de género, y ayudar a las familias rurales cuya producción es de subsistencia a transitar hacia una agricultura que genere excedentes; b) producir alimentos de manera sostenible para abastecer el mercado nacional y contribuir a la soberanía alimentaria; c) reposicionar el sector agropecuario y sentar las bases para la modernización, la diversificación, el crecimiento y la competitividad con énfasis en la revalorización de la agricultura familiar (Parr. 198). Entre los instrumentos principales del Plan se establece el Sistema Financiero de Fomento para el Desarrollo, que estará conformado por el Banco de Fomento Agropecuario, el Banco Hipotecario y el Banco Multisectorial de Inversiones. Este último se transformará en el Banco Nacional de Desarrollo de El Salvador y se encargará de canalizar recursos financieros al sector productivo y de gestionar nuevos instrumentos como el sistema nacional de garantías entre la banca privada y los sujetos de crédito.
El Plan considera la estrategia de intervención de manera integral y transversal en los temas de género, inclusión social de grupos vulnerables, micro, pequeñas y medianas empresas, participación ciudadana y reforma del Estado (Parr. 57). Para reducir la pobreza, tanto en las zonas urbanas como en las rurales, el Plan establece el Sistema de Protección Social Universal y las políticas sociales estratégicas (salud, educación, vivienda y asistencia social), con el cual se propone avanzar en la solución de los principales problemas sociales que afectan al país, especialmente la reducción de la pobreza, la inequidad de género y la exclusión social. Un componente fundamental del Sistema de Protección Social Universal es la ampliación del programa Comunidades Solidarias Rurales, un programa consiste en una intervención de desarrollo integral que busca ampliar las capacidades básicas e igualar las oportunidades para mejorar la calidad de vida de personas, familias y comunidades que se encuentran en condición de pobreza y exclusión social en asentamientos rurales y urbanos. Las Comunidades tiene cuatro ejes estratégicos: a) capital humano (educación, nutrición, salud, prevención de la violencia, pensión básica), b) infraestructura social básica, c) generación de ingreso y desarrollo productivo, y d) gestión territorial.
El Plan propone una nueva política agropecuaria articulada en cinco líneas de acción: a) ampliación y fortalecimiento de las organizaciones de productores; b) acceso a activos sociales y productivos (tierra, agua y capital humano); c) mejor clima de negocios en beneficio de todos los productores y las empresas agropecuarias (más y mejores servicios de innovación, información de mercados, acceso al crédito, servicios financieros, de seguridad jurídica, de reducción de vulnerabilidad frente a fenómenos naturales y a las incertidumbres del mercado); d) modernización del marco regulatorio e institucional del sector agropecuario; e) modernización de la educación agropecuaria especializada (Parr. 206). El Banco de Fomento Agropecuario intensificará la atención a los pequeños y medianos productores agropecuarios y a las micro y pequeñas empresas de los sectores agropecuario y agroindustrial. Las cooperativas agropecuarias tendrán una atención prioritaria por cuanto garantizan la seguridad alimentaria de la población y pueden contribuir a la generación de empleo e ingresos en las áreas rurales (Parr. 124). El Plan se propone atender en forma diferenciada a los diversos tipos de productores y de manera especial la agricultura familiar. En el caso de familias productoras ya en transición y en proceso de consolidación, el esfuerzo se dirigirá hacia el fortalecimiento de la organización y de las capacidades de negocio, al incremento de la productividad con productos de alto valor comercial y a mejorar la vinculación con mercados y encadenamientos productivos (Parr. 203).
El Plan define una nueva política ambiental con enfoque de reducción de riesgos fundamentada en la corresponsabilidad, una información amplia y accesible y en la búsqueda de sinergias con las políticas económicas y sociales. Esta visión requiere transformar y fortalecer el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que pueda liderar una gestión ambiental pública articulada y eficiente, construir una cultura ciudadana de responsabilidad ambiental, de solidaridad y de preparación para responder mejor a las amenazas, reducir las vulnerabilidades e impulsar programas de recuperación ambiental. Conlleva asimismo una integración de la dimensión ambiental y de reducción de riesgos en el quehacer de los actores económicos (Parr. 181). Por su importancia en términos de apoyo a la economía familiar merece destacarse el Programa de Apoyo Temporal al Ingreso, como herramienta de política que busca dar respuesta a situaciones de crisis económica o de desastres naturales. El programa se proporcionará a jóvenes de ambos sexos y a mujeres jefas de hogar de forma prioritaria, un ingreso complementario durante un período de seis meses y la capacitacion para que cuenten con mejores oportunidades de inserción en el mercado laboral. Los beneficiarios se comprometen, a cambio de dicho ingreso, a efectuar trabajos en el marco de proyectos definidos por las alcaldías y las comunidades.