Ley Nº 124 - Ley de las Aguas Terrestres.

La presente Ley, que consta de 97 artículos divididos en XIII Títulos y un Anexo, regula la gestión integrada y sostenible de las aguas terrestres que se encuentran dentro de la corteza terrestre o encima de ella, independientemente de su composición física, química o bacteriológica, en el espacio que conforma la parte emergida del territorio nacional limitado por la línea de costa. La gestión integrada y sostenible de las aguas terrestres es el proceso de evaluación, planificación, uso y protección coordinada de este elemento, la tierra y los recursos relacionados, para maximizar el bienestar económico y social, sin comprometer la salud o conservación de los ecosistemas vitales. Son objetivos de esta Ley: a) Ordenar la gestión integrada y sostenible de las aguas terrestres, recurso natural renovable y limitado, en función del interés general de la sociedad, la salud, el medio ambiente y la economía; b) establecer las medidas para la protección de las aguas terrestres sobre la base de su planificación y preservación, en armonía con el desarrollo económico y social sostenible y la protección del medio ambiente; y c) establecer las medidas para la reducción de desastres por la incidencia, fundamentalmente, de los eventos hidrometeorológicos extremos en las aguas terrestres y la adaptación al cambio climático.
La gestión integrada y sostenible de las aguas terrestres se rige por los principios siguientes: a) las aguas terrestres son propiedad estatal socialista de todo el pueblo; b) el reconocimiento al acceso al agua potable y al saneamiento es un derecho de todas las personas; c) el uso eficiente y seguro de la infraestructura hidráulica; d) la unidad de la planificación y la gestión del agua en función del desarrollo económico y social; e) el uso racional del agua y su reutilización; f) la articulación de la gestión del agua con la gestión ambiental y territorial; g) la prevención y reducción de la contaminación del agua; h) la gestión de reducción del riesgo de desastres y eventos sísmicos e hidrometeorológicos extremos; e i) el fomento de la cultura del uso racional del agua, su recolección y reutilización. El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos para la consecución de estos principios establece una adecuada estrategia comunicacional.
La Ley está dividida de esta forma: Disposiciones Generales (Título I); Responsabilidad de las Entidades Estatales (Título II); Cuencas Hidrográficas y sus Consejos (Título III); Régimen de las Aguas Terrestres (Título IV); Patrimonio Hidráulico (Título V); Servidumbres (Título VI); Utilización del Patrimonio Hidráulico (Título VII); Protección de las Aguas Terrestres (Título VIII); Prevención y Respuesta, a las Inundaciones y Sequías y de la Adaptación al Cambio Climático (Título IX); Régimen Económico de las Aguas Terrestres (Título X); Planificación Hidráulica (Título XI); Inspección y Control a la Gestión Integrada y Sostenible de las Aguas Terrestres (Título XII); Registro de las Aguas Terrestres (Título XIII). El Anexo trata del Glosario de Términos.