Ley de Aguas.

La presente Ley de Aguas establece el marco legal para la gestión integral de los recursos hídricos, reconociendo el agua como un elemento esencial para la vida, el bienestar humano y el desarrollo sostenible del país. La ley declara que el acceso al agua es un derecho humano fundamental y que el Estado tiene la obligación de garantizar su conservación, protección y uso sustentable, tanto de las aguas superficiales como subterráneas. Además, se reconoce la soberanía nacional sobre las aguas y se prohíbe su aprovechamiento por empresas extranjeras sin domicilio legal en el país.
En términos organizativos, la ley define una estructura institucional descentralizada y participativa para la gestión del agua, que incluye el Ministerio competente como Autoridad Nacional de las Aguas, el Consejo Nacional de las Aguas, los Consejos de Región Hidrográfica y los Consejos de Cuenca Hidrográfica. Se establecen regiones y cuencas hidrográficas como unidades espaciales de referencia, y se promueve la participación de comunidades, usuarios institucionales, pueblos indígenas y otros actores sociales en la toma de decisiones y en la ejecución de planes de gestión integral de las aguas.
La ley regula el uso, control y protección de los cuerpos de agua, estableciendo criterios para la clasificación de usos, la prevención y control de la contaminación, y la obligación de los generadores de efluentes de minimizar y mejorar la calidad de sus descargas. Se prevén instrumentos como el Subsistema de Información de las Aguas, el Registro Nacional de Usuarios y Usuarias, y el Fondo Nacional para la Gestión Integral de las Aguas, que financia la conservación y el uso sustentable del recurso. Asimismo, se detallan las sanciones administrativas y penales para quienes infrinjan las disposiciones, incluyendo multas y medidas correctivas proporcionales al daño causado.