Ley 1/2025, de 1 de abril, de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario.

La presente ley tiene por objeto la prevención y reducción de las pérdidas y el desperdicio de alimentos por parte de todos los agentes de la cadena alimentaria, estableciendo una jerarquía de prioridades de solución y dando respuesta al objetivo sobre el sistema alimentario de producción y consumo responsables de la Agenda 2030.
Se establece un listado de fines específicos de esta ley, que prevén, entre otro disminuir las pérdidas y el desperdicio de alimentos a lo largo de la cadena agroalimentaria, mediante una gestión más eficiente de los recursos, promoviendo así la economía circular; definir de forma clara qué se entiende por pérdidas y desperdicio de alimentos, de forma integral en toda la cadena agroalimentaria y en cada uno de sus eslabones; fomentar la donación y redistribución de alimentos garantizando la seguridad alimentaria y la trazabilidad; sentar las bases para que las entidades de iniciativa social, a otras organizaciones sin ánimo de lucro que prestan servicios de distribución para la donación de alimentos y al resto de agentes implicados, puedan recibir los medios y los recursos públicos necesarios para costear la logística que se precise, incluyendo el transporte, la transformación y el almacenamiento, para que los alimentos no comercializados puedan ser aprovechados a través de la donación.
También se establecen estrategias para su consecución: a) Sensibilizar e informar a los agentes de la cadena alimentaria y otros proveedores de servicios alimentarios, personas consumidoras y ciudadanía en general. b) Fomentar la distribución para la donación de alimentos garantizando la seguridad alimentaria y la trazabilidad. c) Promover la recuperación y distribución de excedentes de alimentos para la donación con fines de solidaridad social, asignándolos como prioridad para uso humano. d) Favorecer la investigación e innovación y actividades de concienciación en el ámbito de la prevención y reducción de las pérdidas y el desperdicio alimentario.
Esta ley es de aplicación a las actividades que realizan en territorio español los agentes de la cadena alimentaria ya sean de la producción, transformación, distribución de alimentos, así como hostelería, restauración, otras entidades y asociaciones de distribución de alimentos donados y de la Administración pública.
La Lay establece las obligaciones de los agentes de la cadena alimentaria (capitulo 2) y prevé medidas de buenas prácticas de los agentes de la cadena alimentaria (capitulo 3); medidas par la racionalización de las fechas de consumo preferente (capitulo 4) y instrumentos para el fomento y control de la reducción y prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario (capitulo 5). El régimen de sanciones constituye el objeto del capitulo 6.
Siguen 8 disposiciones adicionales, una disposición derogatoria única y 19 disposiciones finales.