Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

La Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional es el instrumento multisectorial que establece a nivel nacional los lineamientos a seguir para mejorar en todo el país las condiciones que permitan superar la inseguridad alimentaria y nutricional en que se encuentra una proporción notable de la población guatemalteca, especialmente indígenas en el área rural y en los grupos urbanos marginales. Se establece como objetivo general proporcionar un marco estratégico coordinado y articulado, eficiente y permanente, entre el sector público, la sociedad civil y los organismos de cooperación internacional. Se entiende la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) como el derecho de la población a tener, en todo momento, acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos, para satisfacer sus necesidades nutricionales, de acuerdo a sus valores culturales y con equidad de género, a fin de llevar una vida activa y sana para contribuir al desarrollo humano, sostenible, y el crecimiento económico y social de Guatemala. La Política se funda en los siguientes principios rectores, que sirven como marco conceptual y guía para la implementación: solidaridad, transparencia, soberanía alimentaria, tutelaridad, equidad, integralidad, sostenibilidad, precaución (en virtud del cual la importación de alimentos genéticamente modificados estarán sujetos a las regulaciones que la Ley establezca, debiéndose garantizar su inocuidad), descentralización y participación ciudadana. Son ejes transversales de la Política: 1) ambiente; 2) priorizar a la población vulnerable; 3) salud; 4) vulnerabilidad ante desastres; 5) agua potable o apta para consumo humano y para la utilización en la producción de alimentos.
La Política prioriza las acciones dirigidas a reducir el hambre, la pobreza y la desnutrición. En el Capítulo 3 se plantea la situación nutricional y alimentaria del país y se identifican las causas subyacentes a las relativas problemáticas. El documento no aborda la temática únicamente desde el punto de vista de la producción de alimentos, sino que tiene en cuenta también los aspectos relacionados con la disponibilidad, el acceso, el consumo y el aprovechamiento biológico de los mismos (principio de integralidad). Se identifican como grupos vulnerables de la población los siguientes: a) niños y niñas de 0 a 3 años, particularmente indígenas; b) mujeres embarazadas y lactantes, particularmente población indígena extremadamente pobre; c) indígenas en extrema pobreza; d) grupos sociales en situación de pobreza extrema; e) adulto mayores en situación de vulnerabilidad; f) población inmunodeprimida; g) población altamente desnutrida que requiere dieta especial; h) discapacitados en situación de vulnerabilidad.
La sostenibilidad ambiental constituye uno de los ejes transversales de la Política. En este sentido se plantea actuar con propiedad en la preservación y restablecimiento de las condiciones ambientales, potenciando el conocimiento ancestral de los pueblos indígenas y la ciudadanía sobre su ambiente, garantizando su sostenibilidad a través de patrones de desarrollo sostenibles que conserven la capacidad de producción de los ecosistemas naturales para las generaciones futuras.
La reducción de la pobreza rural es uno de los objetivos de la Política, con especial atención a la situación de la mujer, los jóvenes rurales y las poblaciones indígenas. En este contexto entre las estrategias definidas se incluye la generación de empleo rural y la formación de capital humano. Se prevé fortalecer la capacitación, la organización, y los recursos técnicos y crediticios para la producción de los alimentos básicos en los ámbitos familiar, comunal y empresarial. En las zonas que acusen inseguridad alimentaria y nutricional se promoverán proyectos productivos que permitan mejorar la calidad de vida de los habitantes, procurando fomentar que una parte de las remesas familiares se destinen a la inversión productiva.
La Política busca fomentar sistemas agrícolas y alimentarios integradores y eficientes. Entre las estrategias se contempla el desarrollo de programas integrados de información, educación y adiestramiento, para la implementación de la Política de SAN, promoviendo la participación ciudadana en el proceso de seguimiento y fiscalización de la misma.
Asimismo se busca incrementar la resiliencia de los medios de vida ante las catástrofes. En este sentido uno de los objetivos consiste en implementar un sistema de información nacional, permanente y veraz, sobre la seguridad alimentaria y nutricional, para identificar los factores estructurales, ambientales y humanos que inciden en la misma, a fin de emitir alertas tempranas y tomar decisiones políticas y técnicas en forma oportuna (objetivo 8.7).