Ley General de Vida Silvestre.

La presente Ley establece el marco jurídico para la conservación y el aprovechamiento sustentable de la vida silvestre y su hábitat en el territorio nacional. Su objetivo principal es coordinar la acción de los distintos niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) para proteger la biodiversidad, promover el uso responsable de los recursos naturales y garantizar el bienestar de las especies silvestres. La ley define conceptos clave como conservación, manejo, aprovechamiento extractivo y no extractivo, y establece derechos y obligaciones tanto para las autoridades como para los propietarios y poseedores de predios donde se distribuye la vida silvestre. Además, promueve la participación social, la educación ambiental y la investigación científica como herramientas fundamentales para alcanzar sus objetivos.
La ley incorpora disposiciones específicas para regular el comercio internacional de especies protegidas. Se exige la autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para la importación, exportación y reexportación de ejemplares, partes y derivados de especies incluidas en CITES, asegurando que dichas actividades se realicen conforme a los tratados internacionales y la legislación nacional. La ley prohíbe expresamente la importación, exportación y comercialización de marfil y de especies como mamíferos marinos y primates, salvo excepciones estrictamente reguladas para investigación científica o conservación. Asimismo, se establecen mecanismos para verificar la legal procedencia de los ejemplares y se prevén sanciones administrativas y penales para quienes contravengan estas disposiciones.
La ley detalla los procedimientos para la certificación, registro y manejo de especies y poblaciones en riesgo, así como la creación de listas actualizadas de especies prioritarias para la conservación. Se regulan las actividades de aprovechamiento extractivo y no extractivo, la colecta científica, la caza deportiva y el manejo en confinamiento, estableciendo requisitos técnicos y operativos para cada caso. Además, se contemplan medidas de control sanitario, restauración de hábitats, protección de áreas críticas y refugios para especies acuáticas, así como la implementación de sistemas de información y vigilancia para asegurar el cumplimiento de la normativa. Las infracciones a la ley pueden ser sancionadas con multas, decomisos, clausuras y otras medidas, destinando los recursos obtenidos a programas de conservación y vigilancia ambiental